La Procuraduría General de la República ofreció una recompensa para agilizar la resolución del caso Iguala. El ofrecimiento es de hasta 8.5 millones de pesos por información que lleve a la localización, detención o aprehensión de cinco personas implicadas en la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Entre los más buscados están el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala y el supuesto líder del grupo criminal Guerreros Unidos José Ángel Casarrubias Salgado.
El acuerdo A/086/15, que se publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación, describe el ofrecimiento de 2 millones 500 mil pesos para la persona, o personas, que ayude a capturar a Felipe Flores Velázquez, ex jefe de la Policía.
El ex funcionario es el principal objetivo de los presuntos delincuentes relacionados con el caso que no han sido localizados.
También hay una recompensa de un millón 500 mil pesos por cada una de las siguientes personas: José Ángel Casarrubias Salgado, alias El Mochomo, supuesto jefe de Guerreros Unidos; José Ulises Bernabé García, juez de barandilla; Érick Sandoval Rodríguez, La Rana y Miguel Miranda Pantoja, El Pajarraco.
Todas son buscados por la Procuraduría por su presunta participación en los hechos delictivos que fueron cometidos en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente, en 2014.
El 21 de octubre del año pasado, la PGR ofreció 1.5 millones de pesos en recompensa por información que lleve a la localización de cada uno de los estudiantes desaparecidos.
Al momento, nadie ha cobrado ninguna recompensa por estos hechos.
A más de un año de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de seis personas (tres normalistas y tres jugadores del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo) y las lesiones provocadas a 25, no se ha hecho justicia para las víctimas.
Aunque el Ministerio Público de la Federación ha ejercido acción penal en contra de 131 personas, de las cuales ha aprehendido a 110 que están sujetas a proceso penal, ninguna ha sido condena por los crímenes que evidencian la complicidad entre el crimen organizado y autoridades municipales.