La Procuraduría General de la República apeló el auto de libertad a favor de cuatro de los siete soldados que presuntamente participaron en la ejecución extrajudicial de al menos ocho personas en Tlatlaya, Estado de México.
El pasado viernes, Rubén Dario Noguera Gregoire, Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictó auto de libertad para los inculpados por falta de elementos de prueba en su contra.
“Inconforme con la determinación de la autoridad jurisdiccional, esta Representación Social formulará los agravios correspondientes ante el tribunal unitario que radique el recurso de apelación, quien finalmente resolverá en definitiva sobre el asunto”, precisó la PGR en un comunicado.
Los soldados Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez están relacionados con el homicidio de 22 personas, al menos 12 de ellas fueron asesinadas extrajudicialmente, de acuerdo con el análisis de la Comisión de Diputados encargada de indagar los hechos y la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sin embargo, la PGR sólo reconoce ocho ejecuciones.
Al momento los elementos castrenses Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides son procesados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, ilícitos graves y que no alcanzan libertad bajo caución, crímenes que fueron cometidos el 30 de junio de 2014.
Los siete soldados están sujetos a otro proceso. Éste se lleva a cabo en la Procuraduría Militar acusados del delito de desacato por lo que están presos en el centro de reclusión del Campo Militar Número 1-A, ubicado en la Ciudad de México.
El día en que se cometieron los hechos criminales la mayoría de los presuntos delincuentes ya se habían rendido después de un enfrentamiento con los uniformados cuando estaban atrincherados en una bodega, en Tlatlaya.
Dos mujeres que dijeron haber sido secuestradas por el grupo armado sobrevivieron, denunciaron las ejecuciones extrajudiciales y la Oficina en México de la Naciones Unidas y la CNDH coincidieron en que ellas fueron víctimas de tortura por parte de autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.