Representantes de gobiernos latinoamericanos y activistas hicieron un llamado para que los gobiernos de la región lleguen a un acuerdo para la aplicación del Consenso de Montevideo, un acuerdo continental que busca garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, esto para evitar embarazos no deseados o infecciones de VIH/SIDA.
Durante la conferencia “Acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva” dentro de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, dijo que todos mis países deben de comprometerse a formar un Modelo de monitoreo, evaluación y compromiso para la implementación del Consenso.
“Los estados deben de asumir como suyo el Consenso de Montevideo, esto revirtiendo la inexistencia de instrumentos jurídicos y de información para afrontar el problema”, dijo.
Esta postura fue respaldada por María Antonieta Alcalde, directora de la Federación Internacional de Planificación Familiar en la región del hemisferio occidental, y por Percy Minaya León, viceministro de Salud Pública de Perú.
“Hay que contar con mecanismos armónicas y pertinentes de rendición de cuentas, esto es lo que no está moviendo en esta reunión, darle sentido y seguimiento del Consenso de Montevideo, es dar el siguiente paso”, mencionó Alcalde.
Pero Ana Cristina González, integrante de Articulación Feminista Mercosur, fue más allá al exigir a los gobierno a no sólo enfocarse en los hechos burocráticos, sino en cuestiones de libertades que parecerían comunes, peor en realidad no lo son para mujeres latinoamericanas, en especial las de sectores vulnerables como indígenas, migrantes o pobres.
“No basta con alinear las agendas, no basta alinear los consensos con las políticas nacionales. Se requiere respeto a la libertad en la toma de decisiones, es decir, la autonomía de las personas, la autonomía de las mujeres, adolescentes y jóvenes, respeto pleno a la individualidad para lograr los objetivos de esta agenda, el acceso universal y la garantía plena de los derechos”, dijo González.