México extraditó a 44 personas reclamadas por la justicia de Estados Unidos entre septiembre de 2014 y el mismo mes de 2015, reveló la fiscal general, Arely Gómez, en un encuentro con procuradores de justicia del oeste de ese país.
Dicha cifra representa el 98 % del total de las extradiciones realizadas por México en dicho lapso, dijo la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en la inauguración de la reunión, a la que asisten 25 fiscales mexicanos.
En el mismo periodo, añadió, el gobierno de Estados Unidos presentó a México “79 peticiones formales de extradición”, mientras que las solicitudes de la PGR a ese país sumaron 16.
Apenas el 30 de septiembre, México extraditó a 13 individuos reclamados por diversos delitos en cortes de EU, entre ellos el narcotraficante Édgar Valdez, alias La Barbie, y Jorge Costilla Sánchez, alias El Coss y presunto líder del cártel del Golfo.
En el grupo fueron incluidos Luis Humberto Hernández, vinculado con los asesinatos de empleados consulares de EU en 2010, y José Emanuel García Sota, implicado en el homicidio en 2011 de un agente de inmigración e intento de homicidio de otro.
Estas extradiciones llegan después de las críticas que recibió el gobierno mexicano a raíz de la fuga del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, el 11 de julio pasado de un penal de máxima seguridad a través de un túnel de 1.5 kilómetros.
Hasta que se produjo la fuga, el Ejecutivo mexicano se mantuvo renuente a la posibilidad de que Guzmán fuera extraditado a EU.
A finales de enero pasado, el entonces fiscal Jesús Murillo declaraba que El Chapo tendría que “cumplir su condena en México” antes de ser extraditado a EU, lo que podría producirse “unos 300 o 400 años después”.
Argumentó entonces que dicho proceso solo era apropiado cuando hubiera motivos de seguridad o riesgo de fuga, algo que -dijo- no existía, a pesar de que el mismo capo ya se había escapado de una cárcel de máxima seguridad en 2001.
Tras consumarse la segunda fuga, el gobierno mexicano dio un giro radical respecto de la extradición.
Gómez, quien asumió el cargo a finales de febrero pasado, destacó este martes que la cooperación en esta materia es una muestra del esfuerzo de ambos países para poner en marcha instrumentos jurídicos internacionales que buscan someter a la justicia a quienes violan la ley.
“Es nuestra obligación establecer y fortalecer los mecanismos de cooperación internacional que garanticen a la sociedad que el refugio de delincuentes fuera de la jurisdicción nacional no suspende el combate a la criminalidad”, afirmó.