Sin cambios en la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Púbica aprobaron en lo general dos dictámenes relacionados con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y resolvieron trasladar las reservas para su discusión en el pleno para el próximo martes.
Los dos dictámenes –que forman parte del paquete económico que envió el Ejecutivo– se turnaron a la mesa directiva “para su inclusión en el orden del día en la siguiente sesión de la Cámara de Diputados”, afirmó su presidente, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa.
En este sentido, el legislador priista señaló que “de conformidad con la Junta Directiva (de la comisión), todas las reservas que se plantearon en su momento, serán discutidas en el pleno de esta Cámara”.
El primer dictamen contiene el decreto sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual fue avalado por 34 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, dos de Morena y una del PRD.
Posteriormente se aprobó –con 30 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones– el decreto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En el documento del primer dictamen se recuerda que la Ley General de Contabilidad Gubernamental fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas en los tres niveles de gobierno.
Esto se deriva principalmente del establecimiento de criterios generales en materia de contabilidad gubernamental y emisión de información financiera aplicable a todos los niveles.
A través de este nuevo marco normativo, se han establecido las bases que permiten que la información en materia presupuestaria y financiera pueda ser consolidada y comparada entre las distintas entidades de gobierno que tienen bajo su responsabilidad la administración de los recursos públicos.
Sin embargo, se considera necesario reforzar la vinculación existente entre los entes públicos estatales y municipales, y el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac).