WASHINGTON. Venezuela no permitirá el monitoreo de sus elecciones parlamentarias, a realizarse el 6 de diciembre próximo, por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), porque no confía en ese organismo multilateral.

 

“Venezuela no tiene confianza en la OEA, ya que como todo el mundo sabe ha apoyado dictaduras. No tiene ninguna práctica democrática durante todo su funcionamiento”, dijo a periodistas Germán Saltrón, jefe de la delegación del gobierno de Venezuela.

 

Saltrón participó en al inicio del 156 periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la capital estadunidense, en donde el organismo cuestionó a los representantes gubernamentales si accederían al monitoreo de la OEA, que en su oportunidad no respondieron.

 

Confirmó que tanto la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), enviarán misiones de monitoreo electoral. “Hemos invitado al Centro Carter, pero no ha querido ir”, agregó.

 

En la audiencia sobre la situación de los derechos políticos en Venezuela, representantes de la Asociación Civil Un Estado de Derecho (UED), solicitaron a la Comisión que incluya en su informe sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela el tema de las irregularidades electorales denunciadas.

 

También pidieron al organismo que recomiende al Estado venezolano realizar acciones “concretas” y un programa para adecuar a las instituciones, incluido el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los instrumentos y procesos electorales para que los venezolanos tengan el derecho a participar en comicios “auténticos”.

 

Asimismo, solicitaron que dichas recomendaciones permitan realizar elecciones con la participación de todos los sectores de la sociedad, y con la colaboración de organismos internacionales.

 

Denunciaron la falta de independencia del CNE, porque sus funcionarios electorales “nunca” han sido elegidos desde 1999, como ordena la Constitución, con la participación de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional y la sociedad civil.

 

Los representantes de la UED remarcaron que hay una manipulación del padrón electoral y la creación de mil 200 nuevos centros de votación, de los cuales más de 600 no se encuentran en centros educativos, sino que fueron asignados en viviendas construidas por el gobierno.

 

Apuntaron que la identidad del 65 por ciento de los votantes no puede ser verificada debido a que han sido reinsertadas al padrón electoral más de 2.5 millones de personas que habían perdido su derecho a voto, incluidos aquellos que dejaron sufragar en más de dos ocasiones, como manda la ley.