El gobierno de México y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) firmaron este lunes 19 de octubre 2015 un documento con 10 compromisos para dar seguimiento al caso Iguala.
Durante la audiencia pública de este martes 20 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se presentaron los compromisos incluidos en el acuerdo firmado además de que el GIEI presentó los resultados del Informe Ayotzinapa.
El documento fue suscrito por los integrantes del GIEI, Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia Villa, Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain mientras que de parte de México lo signaron Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación; Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República y Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.
1. Sacar la investigación de la SEIDO de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de derechos humanos, el cual llevará la segunda parte de investigación de forma exclusiva.
2. En relación con la propuesta de la PGR de realizar un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula, se acuerda que: a) se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo, b) se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, c) se consense el modo en que se realizará el estudio.
3. La conformación de un nuevo equipo de investigación con experiencia así como de confianza con la procuradora y con el propio GIEI. El proceso será acompañado por los representantes de las víctimas para facilitar una actitud positiva frente al compromiso en la investigación y las respuestas a las víctimas.
4. Integrar el informe del GIEI en la investigación del caso. Esto significa: a) evaluar las implicaciones del informe en la investigación de los hechos, b) dar seguimiento a las recomendaciones para la investigación. El GIEI colaborará en las recomendaciones y orientaciones para dicho equipo tanto sobre las cuestiones que se encuentran en su informe Ayotzinapa, como otras que están siendo deliberadas por el Grupo.
5. A partir de dichas condiciones, planificar de forma conjunta una ruta de investigación tomando en cuenta las informaciones existentes y las nuevas líneas incluidas en el informe. Se establecerá un mecanismo de coordinación periódico, incluyendo: a) la información sobre
diligencias a realizar que sean relevantes para el caso y las líneas de investigación acordadas, b) la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevantes y que decrete la PGR, según el marco legal y el papel de coadyuvancia en algunas de ellas, c) la evaluación del conjunto de las nuevas diligencias, peritos y peritajes y declaraciones para establecer los nuevos hechos probados o las hipótesis del caso y los pasos a dar en nuevas consignaciones.
6. Relanzar la búsqueda con las autoridades competentes con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI, incluyendo el uso de la tecnología y el mapa de fosas y otros lugares identificados, estableciendo una ruta de acciones acordada con los familiares.
7. La relación con el nuevo equipo de la PGR y las demás instituciones se formalizará mediante minutas de las reuniones con el GIEI, estableciendo los acuerdos y la forma de seguimiento de los mismos tanto por parte de la PGR como de las instancias implicadas en la búsqueda y en la atención a las víctimas.
8. El Grupo proporcionará a la PGR un documento de trabajo para llevar a cabo la investigación y búsqueda, así como ha proporcionado un documento de criterios sobre atención a las víctimas.
9. Los pasos a dar en la atención a las víctimas se llevarán a cabo de acuerdo con el GIEI y los representantes de las víctimas, estableciendo las medidas de valoración del daño, el avance progresivo en las medidas de atención en salud, apoyo social, así como el derecho a la reparación y a la información que asiste a los familiares, incluyendo el reconocimiento, el derecho a la verdad y el acompañamiento en la búsqueda de justicia.
10. El Estado se compromete a mantener la confidencialidad de la información sobre nuevos resultados de la investigación hasta transmitir la información a los familiares, previamente a cualquier comunicación pública, así como a tener un mecanismo de comunicación periódico y directo con las familias.