El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, afirmó que con relación al caso de los normalistas de Ayotzinapa, el Estado mexicano nunca abdicará de sus quehaceres, de sus tareas.

 

En entrevista, el diputado federal agregó que no cesará porque “además tiene la legitimidad legal y ética para actuar, y en tiempos en los que la transparencia llegó para quedarse, nada de lo que hagan, de lo que digan, de lo que resuelvan quedará en el secreto de un expediente”.

 

Reconoció que en el caso de los normalistas desaparecidos hace un año en Iguala, Guerrero, falta mucho para llegar a una conclusión, “pues se tienen que valorar las evidencias, testimonios y pruebas en su dimensión”.

 

También, continuó, se tomarán en cuenta las observaciones de los expertos independientes de organismos internacionales.

 

“Se tendrá que valorar en su dimensión y al final, en una especie de mezcla de evidencias, de probanzas, de elementos de juicio, un juez tendrá la última palabra. Creo que todavía estamos lejos de que eso ocurra”, expuso.

 

A la pregunta de si jurídicamente es válido que esta investigación se ponga bajo la supervisión del grupo de expertos internacionales, respondió que no, y reiteró que el único que decidirá jurídicamente sobre el caso es un juez.

 

“No. El grupo de expertos internacionales tendrá opiniones sólidas, técnicas, que se sumarán a otras. Aquí el rector del proceso es un juez, un juez nacional, que tiene la autoridad formal y la autoridad jurídica para poder conducir el proceso.

 

“Son como contribuyentes, tributarios, en la selección, en la suma de evidencias, pero, por supuesto, no tienen, digamos, la autoridad jurídica para dar lo que llamaríamos coloquialmente la última palabra”, indicó.

 

Camacho Quiroz agregó que “siempre será la de un juez o de la autoridad judicial, porque aún la decisión de un juez tendrá la posibilidad de ser revisada en apelación y después de la revisión el amparo”.

 

El líder parlamentario precisó que debido a que es un proceso complejo y largo, se está lejos de lo que podría llamarse el verdadero cerrojo de este asunto.

 

“Por lo pronto, la autoridad debe mantenerse totalmente abierta a recibir cuantas evidencias se puedan acumular”, estableció.