El hecho de trabajar como encuestador en ciertos estados o localidades del país resulta una labor de alto riesgo debido a la carencia o nula aplicación de protocolos de seguridad y protección para los empleados. En los últimos años, varias personas dedicadas a consular en diversos temas a la población han sido agredidos, secuestrados y hasta asesinados.
El más reciente caso fue el registrado la noche del lunes en el municipio de Ajalpan, Puebla, donde los hermanos Rey David y José Abraham Copado Molina, ambos encuestadores de la empresa Marketing Research & Services fueron linchados por los pobladores, luego de que supuestamente los confundieron con “secuestradores de niños”.
Al respecto, el presidente municipal de Ajalpan, Gustao Lara reconoció que la policía municipal se vio rebasada ante la enardecida población. Aunado a ello, el secretario de seguridad pública estatal, Jesús Rodríguez Almeida señaló que la situación se salió de control por los pocos elementos estatales que estaban en el lugar en comparación con el número de agresores.
Ante la incidencia de agresiones en contra de encuestadores, desde abril de 2014, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) aplicó protocolos de seguridad a fin de proteger a sus trabajadores, sin embargo, esos mecanismos no ha sido replicados por otros organismos o empresas del ramo, y a la fecha no hay un mecanismo local o federal enfocado a ello.
“Que se garantice la seguridad de nuestro personal a nivel nacional. Proponemos al gobierno federal el establecimiento de una mesa de trabajo conjunta para coordinar esfuerzos ante esta grave problemática”, urgió la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación e Inteligencia de mercado (AMAI) y el Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas (CEDE) a través de un posicionamiento respecto al caso de Ajalpan.
Los casos
En el país han sido varios los casos de agresión, desaparición y homicidio de personas dedicadas a levantar encuestas. Apenas a inicios de marzo del año en curso, dos encuestadores del INEGI fueron reportados como desaparecidos y una semana después sus cadáveres fueron localizados en la zona serrana de Urique, Chihuahua, zona de conflicto entre los cárteles de Sinaloa y Juárez.
Dos meses de ese hecho, el 18 de enero, cinco encuestadores fueron rescatados por gendarmes y militares luego de que un grupo de hombres armados y esbozados los amedrentaron, y tuvieron que huir hacia la sierra del municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región de la Tierra Caliente de Guerrero donde estuvieron extraviados por varias horas.
En otro hecho, en agosto de 2011, un total de nueve encuestadores, tres colaboradores de Parametría y el resto empleados de Consulta Mitofsky fueron privados de su libertad por un comando en Apatzingán, Michoacán. Aunque todos fueron rescatados a salvo, ambas empresas urgieron a la creación de un protocolo de seguridad, el cual no se concretó.
En mayo de 2013, durante el período de campañas electorales en Durango, el diario El Siglo de Torreón denunció asaltados y agresiones en contra de sus encuestadores en diversas colonias de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo.
Al confundirlos con simpatizantes de otro partido, un grupo de pobladores supuestos simpatizantes del PRI atacaron a un grupo de encuestadores de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Huejutla, Hidalgo, quienes realizan un censo en la comunidad de Chalahiyapa para la puesta en marcha de un programa social.