La Procuraduría General de la República (PGR) podría obtener unas 30 órdenes de aprehensión contra maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, adelantó la información ayer y resaltó que la reforma educativa sí se llevará a cabo en dicha entidad.
El mandatario estatal recordó que las detenciones de los profesores comenzaron en Oaxaca, donde el jueves se anunció la aprehensión de cuatro líderes y maestros de la Sección 22, tres de ellos acusados de diversos delitos federales y otro del fuero común, pero todos graves, por lo que no tienen derecho al beneficio de enfrentar el proceso bajo fianza.
Las próximas órdenes de aprehensión podrían cumplimentarse en Chiapas, Guerrero y Michoacán.
En Oaxaca, la PGR tiene pendientes de cumplimentar al menos tres órdenes de aprehensión en contra de Carmen López Vázquez, alias La Jicayán; Norma Cleivert Cruz Vázquez y Heriberto Magariño López.
Los cuatro maestros de la Sección 22 de la CNTE, que fueron detenidos por la Policía Federal, fueron consignados al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, Altiplano.
Se trata de Juan Carlos Orozco Matus, acusado de su probable participación en los delitos de motín, daño en propiedad ajena y contra el consumo y riqueza nacional, en la toma de las instalaciones de la Junta Distrital electoral en Tehuantepec y de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz.
Othón Nazariega Segura, por su probable autoría en los delitos de robo agravado contra el consumo y riqueza nacional y daño en propiedad ajena, en la toma de las instalaciones de El Tule, el robo de libros de texto gratuitos y los daños a instalaciones de la Octava Región Militar en la ciudad de Oaxaca.
Efraín Picaso Pérez, de 44 años de edad, por su probable participación en el robo de miles de libros de texto gratuitos.
Y Roberto Abel Jiménez García, alias El Abuelo, acusado de robo calificado con violencia por más de 531 mil pesos, al robar componentes de cámaras del C4 de Gobierno de Oaxaca. Se espera que en las próximas horas el juez de la causa determine su situación jurídica.