La Procuraduría General de la República inició la averiguación previa del caso Iguala por el delito de desaparición forzada de personas, delincuencia organizada y secuestro, de acuerdo con la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS10172014, pero la cantidad de personas desaparecidas en el país sigue creciendo.
El Organismo No Gubernamental, Human Right Watch, ha documentado 249 casos desde 2006 en los que, así como en el caso Iguala, asegura que las autoridades no adoptaron medidas exhaustivas para buscar ni investigar la desaparición forzada de personas.
Ante la dificultad para comprobar que el probable responsable del acto ilícito es un servidor público existen casos que se suman a la estadística de personas desaparecidas donde la mayoría no son resueltos.
El Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas revela que de enero 2006 a julio de 2015 hay registro de 26 mil nueve casos en México, de las cuales, alrededor de 12 mil 500 desaparecieron en esta administración, informó hace unos días Amnistía Internacional.
El delito de desaparición forzada no necesariamente deriva en el homicidio de la víctima, el caso de una persona que fue “levantada” y después fue liberada también puede ser desaparición forzada, aseguran especialistas en el tema.
La Ley establece que, para que se dé el delito de desaparición forzada, no es necesario que el servidor público sea quien ejecuta la acción, lo pudo haber cometido a través de terceros al ordenar a delincuentes que lo hicieran, pero la dificultad para comprobarlo y la complicidad entre funcionarios podría permitir un alto porcentaje de impunidad.
El Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas señala que de enero 2006 a julio de 2015 hay registro de 26 mil nueve casos en México, de las cuales, alrededor de 12 mil 500 desaparecieron en esta administración, según Amnistía Internacional.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero tiene documentados 90 casos de desaparición forzada e involuntaria, entre 1990 y 2014, de los cuales los fiscales no iniciaron averiguaciones previas en ninguno de ellos y a esta cifra se suman 44 nuevos casos que fueron denunciados.
Por estos crímenes no se pudo acusar a ningún funcionario y por lo tanto tampoco hubo ninguna detención, de acuerdo con la información divulgada por Open Society Justice Initiative.
