BARCELONA. España vive una vez más un momento de quiebre ante la voluntad catalana de formar una república independiente. Pese a que la oposición liderada por el gobierno de Mariano Rajoy intentó armar un pacto para frenar la iniciativa y trabajar coordinadamente “en defensa de la Constitución, la unidad nacional, la soberanía y la igualdad de los españoles”; ayer el Parlamento de Cataluña decidió tramitar la resolución a favor de la independencia para esta región del noreste de España.
La resolución, pactada por Junts pel Sí (Juntos por el sí) y los independentistas radicales de la CUP, podría votarse el próximo día 9, según anunció la presidenta de la cámara regional, Carme Forcadell.
El texto contempla la “desconexión democrática” de Cataluña con respecto de España, y prevé que en un plazo máximo de treinta días empiece la tramitación de las “leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública”, que pongan las bases del hipotético estado catalán.
La fecha de la aprobación de la resolución coincide con el día previsto para el debate de investidura del nuevo presidente del gobierno autónomo catalán, tras las elecciones de 27 de septiembre.
Junts pel Sí, que obtuvo 62 de los 135 escaños del Parlamento regional, no cuenta con mayoría suficiente, por lo que necesitaría el apoyo de los 10 diputados de la CUP para conseguir la investidura del nuevo jefe del ejecutivo regional.
La votación de la resolución daría satisfacción a una demanda de este partido y se votaría antes de la investidura, para la que Junts pel Sí necesitaría el apoyo de los diez diputados de esa izquierda radical que, sin embargo, no han garantizado el respaldo al candidato y actual presidente regional, Artur Mas.
Los grupos de oposición están inmersos en una serie de iniciativas para dificultar este proceso independentista, entre ellas, la petición de amparo al Tribunal Constitucional español por el trámite iniciado hoy, tal como anunciaron Ciudadanos (centro liberal), el Partido Popular (PP, centroderecha) y los socialistas catalanes (PSC).
Sin embargo, la propia resolución afirma que el Parlamento catalán “no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional”.
En este sentido, para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la reunión de los portavoces en el Parlamento catalán y su resolución vulnera los derechos fundamentales de los parlamentarios y de los ciudadanos.