La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a pueblos mayas de la península de Yucatán y con ello suspendió el permiso que otorgó la Senasica a la empresa Monsanto para cultivar soya transgénica en casi 254 mil hectáreas de esa región.

 

Además, avaló ordenar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) que realice una consulta con las comunidades mayas de Yucatán, Chiapas, y los pueblos indígenas de la Huasteca antes de autorizar una nueva siembra de soya transgénica.

 

En la sesión de este día, la Segunda Sala también aprobó instruir a las autoridades a tomar en cuenta la opinión de los pueblos indígenas para realizar el cultivo de este producto, pues así lo ordena la Constitución y los convenios internacionales firmados por México en la materia.

 

Los ministros indicaron que la Carta Magna señala que se debe solicitar la opinión de las comunidades indígenas cuando exista el riesgo de que algún plan o proyecto pueda afectar u forma de vida y su cultura.

 

Los amparos contra el permiso otorgado a Monsanto fueron promovidos por comunidades indígenas cuya principal actividad económica es la producción y recolección de miel, apoyados por diversas organizaciones de derechos humanos.

 

Luego del fallo, miembros de Greenpeace, Indignación y LITIGA OLE, presentes en la sesión, afirmaron que las comunidades mayas consideran que el permiso para sembrar soya transgénica vulnera sus derechos a la consulta, libre, previa e informada y un medio ambiente sano.

 

Ello pone en riesgo la producción de miel en Yucatán, de la cual viven más de 15 mil familias campesinas de origen maya, pues “el cultivo de esa planta requiere del uso del herbicida Glifosato, clasificado como probablemente cancerígeno”, advirtieron.

 

Aseguraron a Notimex que, además, con dicho permiso se hace caso omiso al principio precautorio, argumentos que les fueron reconocidos a las autoridades tradicionales mayas, de los estados ubicados en la península de Yucatán, por jueces federales en sentencias emitidas en 2014.

 

Esas resoluciones fueron impugnadas por Monsanto y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por lo que los casos llegaron a la Segunda Sala de la SCJN, que este día resolvió a favor de las comunidades indígenas los cinco amparos interpuestos.