El diputado federal y secretario de la comisión de Puntos Constitucionales, Omar Ortega Álvarez, propuso una iniciativa para retirar la inmunidad constitucional al Presidente de la República y acotar la inmunidad de los servidores públicos.
En entrevista, el legislador de izquierda señaló que de poco servirá fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y crear la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, si no se suprime ese escudo protector, que sirve como un blindaje para que algunos servidores públicos puedan evadir la acción de la justicia.
El combate a la corrupción debe aplicar para todos, sin excepciones ni privilegios para unos cuantos, agregó el también dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD-Edomex)
“Está claro que si no hay la capacidad de acotar la inmunidad, el combate a la corrupción se aplicará de manera selectiva, por lo que con esta iniciativa se está respondiendo a las exigencias que reclama la sociedad y nuestra propia ética”, añadió Ortega Álvarez.
Explicó que de lo que se trata es de poner límites a la inmunidad constitucional, ya que lamentablemente aquella propuesta que se discutió en las cámaras del Congreso desde 2011, “naufragó cuando la cámara de diputados modificó sustancialmente el contenido de la minuta aprobada por los senadores y la devolvió a la cámara de origen, donde se encuentra congelada y sin posibilidades de ser dictaminada”.
Añadió que su propuesta recupera las mejores propuestas que se discutieron en las legislaturas pasadas en el Congreso y además incorpora nuevas ideas para que sea un Congreso Revocatorio el que resuelva sobre el retiro de la inmunidad constitucional al Presidente de la República.
Explicó que el Congreso Revocatorio lo integra la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores reunidos en la sede del Congreso de la Unión, sus resoluciones se adoptan con mayoría calificada de sus integrantes.
La iniciativa también prevé que los servidores públicos que sean objeto de acusaciones de tipo penal puedan enfrentar su proceso en libertad y será hasta que el juez de la causa dicte sentencia condenatoria en primera instancia, cuando el servidor público perderá su investidura y se pondrá a disposición de las autoridades que lo requieran.
Con esta reforma se elimina el requisito de la declaración de procedencia para el retiro de la inmunidad de los servidores públicos, concluyó el diputado federal Ortega Álvarez.