A 100 días del asesinato de la activista Nadia Vera Pérez, Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y Alejandra Negrete Avilés, y del fotorreportero Rubén Espinosa Becerril, familiares, amigos, abogados y periodistas crearon la Plataforma de Acompañamiento al caso Narvarte.

 

Desde esta acción exigieron al gobierno del Distrito Federal  no cerrar la investigación –como recientemente anunciaron las autoridades a los abogados del caso–, y por el contrario que agoten las líneas de indagación que se relacionan con el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los Derechos Humanos (DH), ya que hasta ahora estas hipótesis “han sido desestimadas”.

 

Integrada por la periodistas Carmen Aristegui y el  director del semanario Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, la Plataforma de Acompañamiento fue creada a petición de los familiares de las víctimas.

 

En conferencia de prensa, Aristegui explicó que la Plataforma busca involucrar a la sociedad en la exigencia de justicia ante casos tan emblemáticos como el ocurrido el pasado 31 de julio. “No cabe más la indiferencia y comprar sin ningún regateo la verdad oficial, que se perfila a querer cerrar el caso que no ha sido esclarecido”, reclamó.

 

La periodista agregó que la falta de acceso a la verdad en el brutal asesinato cometido en la colonia Narvarte no es un hecho aislado, pues México vive actualmente un colapso del sistema de justicia, y “un manto insoportable e insostenible de impunidad”.

 

En ese sentido, Aristegui señaló que desde la Plataforma se hace un llamado a la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal (PGJDF) para que se agoten todas las líneas de investigación, y ésta se conduzca de manera “seria y científica”.

 

Por su parte, Rodríguez Castañeda –quien leyó el pronunciamiento de la Plataforma de Acompañamiento– dijo que el multihomicidio “no sólo fue brutal para la víctimas y sus familiares, sino para las y los defensores y periodistas que consideraban al DF como un refugio, en donde podíamos guarecernos de los actos de violencia y de persecución que son cotidianos en muchas partes de nuestro país”.

 

Abundó que a partir de la información proporcionada por las organizaciones coadyuvantes en el caso se ha podido conocer que a pesar de que se han consignado a tres personas como probables responsables de los hechos, no se ha logrado acreditar el móvil del crimen.

 

Y aunque existen antecedentes de amenazas y hostigamientos contra Rubén y Nadia, no se ha profundizado en las líneas de investigación que se relacionan con el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los DH como posibles motivaciones del multihomicidio.

 

PGJDF busca cerrar el caso

 

Entrevistado por Cimacnoticias, el abogado David Peña Rodríguez, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) –una de las organizaciones coadyuvantes del caso–, consideró que la PGJDF busca cerrar el caso con el argumento de que “ya agotó” todas las líneas de investigación, y que ya tiene a tres personas consignadas por los hechos.

 

“La PGJDF nos anunció que está a la espera de una información para cerrar el caso, e insiste en que esas tres personas que ya identificó son las únicas responsables de los hechos, aunque no sepa, por qué ocurrieron”, advirtió Peña al denunciar que existe un “yunque” que impide a las organizaciones avanzar en la investigación.

 

Explicó que se pudo identificar la presencia de una cuarta persona (hombre) en el lugar de los hechos mediante una identificación de ADN, pero la PGDJF se niega a indagar de quién se trata pese a que se sabe que utilizó una de las armas con las que fueron ultimadas las víctimas.

 

La semana pasada las organizaciones coadyuvantes del caso, entre ellas el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y la Clínica de Interés Público del ITAM, presentaron una demanda de amparo ante el Juzgado 16 de Distrito en Materia Penal, para obligar a la PGJDF a investigar el caso con la debida diligencia.

 

El amparo se presentó luego de que la PGJDF se negara a integrar a la investigación más de 50 diligencias solicitadas por las organizaciones coadyuvantes, entre las que se encuentran entrevistar a los vecinos del departamento, la revisión integral de los videos de vigilancia, y la ampliación de declaración del secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz.

 

Así como la realización de peritajes para establecer la mecánica de hechos, ya que hasta la fecha no se sabe cómo fueron perpetrados los asesinatos.