La senadora Angélica de la Peña Gómez reiteró su llamado a que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) cree un registro nacional de los centros de atención de asistencia social que hay en el país.

 

Mediante un punto de acuerdo, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) también exhortó a diseñar protocolos que garanticen que su funcionamiento y sus responsables estén apegados a la ley.

 

Asimismo pidió a la Cámara de Diputados considerar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 recursos para cumplir los requerimientos que se establecen en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

 

Refirió que en México existen albergues públicos y privados para niños con una situación jurídica y fiscal impredecible, debido a que operan sin una normatividad uniforme y una supervisión no estandarizada de los recursos, de los cuales se desconoce su procedencia.

 

De acuerdo con información del DIF, a finales de 2013 en México se tenía registro de 25 mil 700 niños en situación de abandono, orfandad o que están separados de sus padres, detalló.

 

Sin embargo “no existe del todo un sistema de protección hacia los infantes que se encuentran en este tipo de albergues, mucho menos la existencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento del objetivo para el cual fueron creados y que convierte a los infantes en víctimas de tratos crueles”.

 

De la Peña Gómez expuso el caso de la casa-hogar “Casitas del Sur”, que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) cateó y aseguró dos inmuebles del albergue, mientras que 126 menores de edad fueron rescatados.

 

“Es impostergable que el Estado y la sociedad en general optimicen la operación de establecimientos de este tipo, a través de una normatividad más rigurosa que garantice el registro obligatorio de este tipo de espacios, así como mejoras legales orientadas con normas internacionales y nacionales ya existentes”, mencionó.

 

La perredista externó que el Estado está obligado a promover y proteger los derechos de todos los mexicanos, en especial de los niños en situación de vulnerabilidad que viven en albergues, pero la mayoría de ellos viven en situaciones precarias, sin registro oficial y con continuas violaciones a sus garantías fundamentales.

 

Insistió en que es responsabilidad y obligación del Estado hacer valer todas y cada una de las leyes y normas que permiten llevar acciones tendientes a mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral de niños y adolescentes alojados en albergues y orfanatos.