Miles de brasileñas salieron este viernes a las calles de Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia para manifestarse contra un proyecto de ley que obliga a las mujeres violadas a probar la violencia sexual para poder abortar legalmente.
De acuerdo a medios locales, exigen que se archive el proyecto y para que el evangélico Eduardo Cunha, investigado por corrupción en la estatal Petrobras, renuncie a la presidencia de la Cámara baja.
El proyecto, lanzado el 21 de octubre, prevé que aquellas mujeres que sufrieron violencia sexual y precisan un aborto legal, seguro y gratuito tienen la obligación de un examen que evidencie los daños físicos de la victima; es decir, la obligación de someterse traumáticamente a una segunda intimidación sobre sus cuerpos.
El mismo proyecto, considera crimen contra la vida el anuncio de sustancias u objetos destinados a interrumpir el embarazo y la orientación de gestantes para el procedimiento, con pena de hasta diez años.