Inversionistas de Alta Grupo, quienes no reciben sus rendimientos ni tienen acceso a su capital por lo menos desde mayo pasado, analizan las vías que tienen para recuperar su dinero ante la “quiebra técnica” de las empresas.
Fuentes cercanas al caso revelaron que una de las opciones es interponer una demanda por la vía penal. Esto, luego de que los dueños del grupo, cuyo valor asciende a unos mil 500 millones de pesos, reconocieron un adeudo por cuatro mil 300 millones de pesos y propusieron una reestructura para regresar a los inversionistas el capital en un plazo de cinco años.
Tras varias quejas presentadas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los inversionistas valoran la vía para recuperar sus recursos.
Según el testimonio, resulta “poco creíble” la propuesta de Luis López Panadero y Salvador Abascal, principales dueños del Grupo, para recapitalizar a las empresas que incluyen servicios de telefonía pública, casetas telefónicas multifuncionales y tiendas de conveniencia.
Hace aproximadamente un mes, en una reunión con clientes los directivos de Alta Grupo pusieron como condición para iniciar la reestructura el intercambio de contratos del fideicomiso por los bienes contratados por Certificados de Participación Ordinaria (CPO), lo que modificaría el estatus de los participantes de inversionistas a accionistas de la empresa.
Para los afectados, el cambio de contratos beneficiaría a la empresa, pues la condición de accionista genera los mismos derechos y obligaciones que tienen los dueños de Alta Grupo, por lo que descartaron que la propuesta sea una opción viable.
Dicha pasajera
Salvador Abascal Álvarez, quien también funge como presidente de la Comisión de Grandes Empresas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), junto con Luis López Panadero, Ernesto Flores y Mario Contreras son los dueños de esta empresa que opera desde 2002 y ofrecía rendimientos entre 10 y 20% mensual sobre el capital de inversión, lo que hacía a sus divisiones muy atractivas como una opción para hacer crecer el dinero.
Incluso, la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) del conglomerado otorgaba rendimientos de 12% sobre inversiones a 12 meses, aunque este esquema bajó su tasa de interés a finales del año pasado hasta 8%, derivado de la desconfianza generada en el mercado tras la quiebra de Ficrea.
“En los primeros años la empresa daba muchos rendimientos, pero cuando se dieron cuenta de lo fácil que era levantar capital, la estructura de los contratos se armó para que cuando se interpusieran demandas, los pleitos fueran muy largos”, comentó un inversionista.
Pese a que los empresarios reconocen la deuda, desde la constitución de Alta Grupo nunca han entregado estados de resultados, incluso cuando les eran solicitados por sus clientes, cuenta uno de los casi tres mil clientes arrepentidos de depositar sus recursos en la empresa.
Además, mencionó, desconocen qué empresa realiza las auditorías a Alta Grupo, por lo que las condiciones reales de operación siguen ocultas.
De acuerdo con uno de los promotores de la empresa, quien tampoco ha recibido el pago de intereses, las inversiones llegan a esferas muy altas de la política nacional, pues hay clientes afectados que pertenecen al primer círculo del senador Ernesto Cordero, del Partido Acción Nacional (PAN).
Se salva CNBV de 37 amparos por caso Ficrea
La CNBV informó que hasta el momento se negó el amparo a 37 clientes de Ficrea que alegaban perjuicio por parte del regulador, durante el congelamiento de bienes de la Sofipo.
Sin embargo, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal notificó a la dependencia que cuatro juicios relacionados con la Sofipo recibieron el amparo que les permite recuperar sus recursos.
Las personas que recibieron el amparo argumentaron que la intervención y la revocación ordenada por la CNBV les causó un perjuicio, pues “no se les otorgó la garantía de audiencia previo a la inmovilización de sus recursos y en consecuencia no se les permitió disponer de su dinero depositado en Ficrea”.
Por ello, el juez aseguró que el organismo presidido por Jaime González Aguadé deberá pagar sólo a estos ahorradores el monto de sus depósitos en Ficrea, así como los intereses, mediante “recursos presupuestales” o cualquier otro medio, excepto de los fondos disponibles en el proceso de quiebra de la Sofipo.