WASHINGTON. La administración del presidente Barack Obama apeló hoy ante la Suprema Corte de Justicia el dictamen de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, que mantuvo el freno a la implementación de las acciones de alivio migratorio.
En su apelación el Departamento de Justicia pidió a la máxima instancia judicial del país acelerar el proceso de consideración y resolución del caso durante su actual periodo de sesiones.
El gobierno busca que de tener un fallo favorable pueda implementar las acciones anunciadas en 2014 por el mandatario, antes que este deje la Casa Blanca en enero próximo, y asegurar así la protección legal de al menos cinco millones de inmigrantes indocumentados.
En un recurso presentado hoy ante la máxima instancia judicial del país y al que tuvo acceso Efe, el gobierno argumenta que retrasar las medidas migratorias provocaría un “daño irreparable” en los millones de personas que están a la espera de conseguir un permiso de trabajo o una licencia de conducir.
En base al “irreparable daño que se causará a las familias afectadas por el retraso de la implementación (de las medidas) y la enorme importancia de la cuestión presentada, (el gobierno) aconseja encarecidamente una revisión del caso”, recoge el recurso.
Con su acción judicial, el presidente de EU, el demócrata Barack Obama, quiere que se levante la suspensión de las medidas migratorias que decidió mantener hace casi dos semanas una Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, a petición de una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos.
Esta coalición de estados, liderados por Texas, fue la que impulsó en febrero pasado el bloqueo de las medidas de “alivio” migratorio del mandatario al considerarlas inconstitucionales por supuestamente suponer un cambio político demasiado grande como para que el presidente actúe sin autorización del Congreso.
Sin embargo, el mandatario argumentó hoy en su recurso que el plan para “sacar de las sombras” a millones de indocumentados no viola la separación de poderes y tampoco supone un cambio sustancial en las leyes migratorias del país al ser acciones limitadas en el tiempo y no ofrecer ningún camino hacia la ciudadanía.
“Durante décadas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha ejercido su poder discrecional en una práctica conocida como ‘acción diferida’ para por razones humanitarias o simplemente por su propia conveniencia abstenerse de deportar a unos individuos particulares durante un periodo de tiempo”, defendió el gobierno.
Si el Alto Tribunal decide estudiar el caso, se pronunciaría en junio próximo, casi medio año antes de las elecciones de 2016.
Obama se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente, ante la imposibilidad de que los republicanos de la Cámara de Representantes sometieran a votación una ley bipartidista que recibió el apoyo de los conservadores y los demócratas en el Senado en junio de 2013. (Con información de EFE y Notimex)