La lucha contra el narcotráfico en América Latina se ha convertido en una “guerra contra las mujeres más pobres” porque afrontan altas penas por el transporte de drogas y, prueba de ello, es el elevado índice de presas en la región por ese delito, dijo la experta Catalina Pérez.

 

“Hay una gran proporción de mujeres en la cárcel por drogas y ello implica un problema primero a la hora de aplicar la ley. Es una guerra contra las mujeres más pobres y vulnerables de nuestra sociedad”, aseveró Pérez, profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México.

 

Tal y como reveló un reciente informe del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), que contó con la participación del CIDE y la Cámara de Diputados de México, las mujeres encarceladas por drogas varían del 24 % del total de presas en Uruguay al 75.5 % en Costa Rica.

 

En Perú y Brasil, las reclusas por drogas representan el 60.6 % (2014) y el 60.6 % (2013) del total poblacional, respectivamente.

 

En Argentina son el 65 % de las mujeres presas y crecieron en números absolutos un 271 % entre 1989 y 2008; mientras que en México son el 44.8 % de las encarceladas en prisiones federales y el 14.2 % de las presas en centros locales.

 

Ello se debe principalmente a una legislación inadecuada: “En la aplicación de las normas en el delito de drogas, las mujeres son mucho más vulnerables a ser aprehendidas y castigadas; y las conductas que normalmente realizan llevan aparejadas sentencias mucho más largas“, indicó Pérez.

 

En el mercado del tráfico de estupefacientes, la mayoría de mujeres trabaja como mula -transportando drogas dentro y fuera de un país-, lo que conlleva “penas altísimas”, de hasta 25 años de cárcel en naciones como México, destacó.

 

“Quienes legislan se imaginan a una persona que está transportando (drogas) quizás en un camión, grandes cantidades, no una mujer pobre que se metió unas cápsulas de cocaína en el cuerpo”, resaltó la investigadora.

 

Esto revela, además, la utilización de las mujeres por parte del crimen organizado, una red en la que ocupan los eslabones más bajos.

 

“En el organigrama del narcotráfico, (ellas) tienen las de perder por dos razones. Muchas veces tienen que cometer los delitos con peores penas y, a la vez, son fácilmente reemplazables, por lo que (su detención) no implica algo relevante para la organización”.

 

Esta situación impacta en sus hijos 

Muchas de las mujeres presas tienen un perfil similar: provienen de familias pobres, tienen un nivel educativo bajo y, en muchas ocasiones, son también madres, en su mayoría solteras o con la pareja en prisión.

 

En Costa Rica, por ejemplo, el 90 % de las madres presas son solteras, y en México, el 22 % de las presidiarias tiene a su pareja en la cárcel, frente al 2 % de los internos varones.

 

 

Esta situación genera una situación que impacta fuertemente en sus hijos.

 

“Son niños que terminan en la cárcel con su mamá, que es una situación terrible dadas las condiciones de las prisiones en América Latina, o se quedan con familiares o vecinos (…) y muchos de ellos entran en condiciones de calle, vulnerabilidad o abuso”, destacó la experta del CIDE.

 

Además, a menudo ellas, a diferencia de los hombres, son abandonadas por sus familias, pues socialmente se considera “más reprobable que una mujer delinca”.

 

En conjunto, esto muestra una equivocada política antidrogas, prosiguió Pérez, que “no es efectiva en reducir el número de mujeres que pueden volver a cometer estos mismo delitos”.

 

A pesar de este panorama, Pérez identificó algunas buenas prácticas en países como Argentina, donde se aplica un programa de arresto domiciliario que incluye a madres y mujeres embarazadas.

 

En la última década, el número de presos -hombre y mujeres- por delitos de drogas no violentos se disparó con incrementos de hasta el 320 % en el caso de Brasil y por encima de la población penitenciaria en general, señaló el estudio del CEDD.

 

En promedio, 1 de cada 5 personas está en prisión por delitos de drogas, señaló este estudio que contempla nueve países de la región: Ecuador, Bolivia, Perú, Costa Rica, Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina y México.

 

En estas naciones, la tasa de población en penales por delitos como tráfico de drogas a muy pequeña escala o transporte varía del 10 % en México al 27 % en Bolivia.