Como parte de la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, el senador Luis Fernández Fuentes propuso una reforma al Código Penal Federal para duplicar las sanciones en contra de los servidores públicos que cometan actos de corrupción, e incluso, inhabilitarlos de por vida para ejercer un cargo público, si la gravedad del caso lo amerita.
Asimismo, presentó una modificación a la Ley de Delincuencia Organizada para que todo servidor público que sea sentenciado por haber incurrido en un acto de corrupción sea considerado como integrante del crimen organizado.
“Cuando el miembro de la asociación o banda (del crimen organizado) sea o haya sido servidor público, conforme al numeral 212 del presente Código, se le impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión que desempeñe, prisión de 10 a 15 años y de 150 días a 450 días de multa; además se le inhabilitará entre tres años y hasta de forma permanente para desempeñar cargo o comisión pública”, se establece en la reforma al Código Penal presentada por el senador perredista.
En la actual versión del Código Penal, las sanciones son de cinco a 10 años y multas de hasta 300 días de salario mínimo, y se considera aumentar 50% la sanción en caso de que el acusado sea policía.
Los funcionarios a que hace referencia la reforma son aquellos que trabajen en la administración pública federal, en el Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas paraestatales, fideicomisos públicos, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, gobernadores, diputados locales y magistrados.
El argumento de Fernández Fuentes para dicha reforma es que si bien el acto de corrupción se concreta entre dos personas, en el fondo hay una red de individuos que se benefician de ésta y, por lo tanto, se ocupan de esconder el delito.
“El corrupto no actúa solo, normalmente opera sobre la base de la impunidad que dan las redes de corrupción. Que son organizaciones integradas, con la participación de funcionarios públicos y empresarios privados para apropiarse bienes públicos”, se lee en la propuesta.
Otro sector al que también se propone incrementar las sanciones es a las Fuerzas Armadas, ya que si el individuo acusado de delincuencia organizada forma parte éstas, goza de alguna licencia o está retirado del Ejército o la Marina tendrá una sentencia 50% más alta que la de un civil, además de una inhabilitación de cinco años a de por vida.
Destacado
La reforma anticorrupción prevé cambios a dos artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a uno del Código Federal de procedimientos Penales para reconocer como un delito grave y de delincuencia organizada la corrupción de servidores públicos. Dicha iniciativa está en comisiones para su dictaminación.