Senadores y especialistas consideraron indispensable fortalecer el escrutinio de los candidatos a ministros de la Suprema Corte, mientras que en San Lázaro impulsan una iniciativa para que la terna sea propuesta por el pleno del máximo tribunal del país.

 

En el análisis sobre la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa Huerta, dijo que su fracción busca “agrandar la participación del Senado en este proceso”.

 

Aseguró que se requiere una regulación para que el proceso inicie seis meses antes de que venza el cargo de los ministros, así como revisar la pertinencia de que el Ejecutivo federal presente un candidato o una terna de manera pública y abierta, a fin de conocer las razones de la propuesta.

 

Por su parte, el académico Saúl López Noriega, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), enfatizó en su oportunidad que se trata de “elevar la vara del escrutinio respecto de qué tipo de personas están llegando y cuál es ese proceso de escrutinio a través del cual están llegando”.

 

La politóloga Denise Dresser recordó que la Corte destacó la urgencia de que el proceso asegure los perfiles necesarios para garantizar su autonomía, mejorar el acceso a la justicia “y no sólo mantener los privilegios del Poder Judicial; para hacer valer derechos ciudadanos y no sólo arbitrar conflictos políticos”.

 

Basave pide estar alertas

 

En otro evento, Agustín Basave Benítez, líder nacional del PRD, advirtió un intento del gobierno federal para controlar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto a través de una elección a modo de los nuevos integrantes de este órgano que habrán de sustituir a los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza a partir del 1 de diciembre próximo.

 

En el marco del desahogo de las comparecencias en el Senado de los candidatos a ministros, el dirigente del perredismo sostuvo que “tenemos que estar alertas” ante este proceso, de lo contrario la elección de los nuevos integrantes del máximo órgano de justicia podría ser un retroceso en materia democrática, afirmó.

 

Asimismo, externó su preocupación ante los próximos procesos para renovar a los integrantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política (Coneval) que, afirmó, también buscan ser controlados.