Un punto de acuerdo en el que se exhorta a la PGR a elaborar, coordinar y homologar con las procuradurías del país, un protocolo único de investigación ministerial, pericial y policial aplicable a todas las mujeres víctimas de violencia fue aprobado por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

 

Además pide capacitar al personal en perspectiva de género.

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), participará para diseñar “un protocolo único de actuación ministerial de aplicación nacional para delitos en contra de este sector y de aprobarse en el pleno será un avance significativo”, explicó la diputada Laura Nereida Plascencia, presidenta de la Comisión.

 

Mencionó que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Inmujeres, en un marco interinstitucional con el apoyo de expertos en igualdad de género, deben definir las líneas estratégicas para aplicar este protocolo en las entidades federativas y garantizar su funcionamiento de manera integral.

 

Destacó que las mujeres recluidas representan menos del 5% del total de la población presa.

 

Comentó que pierden derechos civiles, pero no humanos y la comisión está comprometida a mejorar su calidad de vida, porque una pena corporal impuesta a una mujer no sólo la afecta a ella, sino a su familia y a la sociedad.

 

“Sigue siendo más castigado socialmente el que una mujer cometa un delito que un hombre, porque la familia o la pareja cambian su perspectiva, la discrimina y evita el contacto o el apoyo; el cónyuge la abandona a los dos o tres meses. Debe asegurarse el derecho de sus hijos menores, que permanecen con ellas en los reclusorios, con cuidados integrales”, señaló.

 

Refirió que el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, presidido por la Secretaría de Gobernación (Segob), funciona como una política pública integral y eje específico para frenar dicha conducta.

 

Explicó que 60% de las mujeres mexicanas admite haber sido víctima de algún tipo de violencia.

 

“Lo más grave aún es que más del 57 por ciento reconoce o cree que es normal. No es normal la discriminación ni los malos tratos”.