México debe revisar las legislaciones federales y estatales para una posible homologación de criterios para castigar actos de corrupción, recomendó de manera general Antonio Mazzitelli, representante de la oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito.

 

Mazzitelli presentó en la sede de la Secretaría de la Función Pública una evaluación sobre cómo México ha avanzado en el combate a la corrupción tras suscribir la llamada Convención de Mérida.

 

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade y la directora general para la Prevención del Delito Internacional de la cancillería, Graciela Pizano Cejka, coincidieron en que la mayoría de las 34 recomendaciones contenidas en la evaluación, cuya visita presencial fue realizada en el año 2013, han quedado subsanadas con las reformas constitucionales en la materia realizadas este año.

 

El funcionario de la ONU explicó que la evaluación se centró en dos capítulos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el referente a la Cooperación Internacional así como el relativo Penalización y aplicación de la ley en casos de corrupción.

 

Tuvo dos etapas, la primera fue un cuestionario y la segunda una visita presencial realizada en el año 2013 por parte de representantes de Perú y Azerbaiyán, los dos Estados miembros de la ONU encargados de evaluar a México.

 

Entre las buenas prácticas, el funcionario de la ONU resaltó la existencia del Sistema Nacional de Seguridad y una legislación que permite la suspensión y disolución de personas jurídicas en estos casos, así como la existencia de un organismo como el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes.

 

Asimismo reconoció que 2015 ha sido un año muy importante contra la corrupción por el fortalecimiento de leyes que castigan actos de corrupción del sector privado así como mecanismos como los Comités de Ética en las instituciones públicas y el sistema de denuncias ciudadanas anunciado este día por el secretario, pues la denuncia, dijo es fundamental para cortar la cadena de la corrupción.

 

Entre las recomendaciones están hacer un estudio comparativo del derecho federal y de los estados, para una más correcta aplicación de normas.

 

Además de analizar definiciones como la de servidor público en la ley, además de ampliar castigos y alcances a terceros e inmuebles y operaciones internacionales en delitos como soborno, tráfico de influencias, blanqueo de dinero, peculado, entre otros. También se refirió a revisar la normativa en materia de extradiciones.

 

En su oportunidad, Andrade Martínez consideró que la recomendación tienen como destino el Poder Legislativo, pues la observaciones son útiles para construir las leyes pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, y hacer una distinción fina entre lo que es y no un acto de corrupción.

 

Tenemos la oportunidad de enriquecer, dijo, los criterios de decisión para dar una interpretación más amplia a la ley en casos de soborno, peculado y enriquecimiento ilícito.

 

El secretario también destacó avances en los sistemas de acceso a la información pública y bancaria; la ley general de víctimas y un código de procedimientos penales a nivel nacional.