PARÍS. Tras maratónicas negociaciones, un acuerdo global de lucha contra el calentamiento parece al alcance de la mano. Laurent Fabius, presidente de la reunión y ministro francés de Exteriores, presentó los detalles de su nuevo borrador para un acuerdo dirigido a frenar el calentamiento global.
El nuevo documento, en el que prácticamente han desaparecido los corchetes (apenas quedan 48 frente a los 365 que tenía la noche del miércoles), ya tiene “la forma” del acuerdo legal que prevén adoptar mañana 195 países más la Unión Europea, según expertos.
El acuerdo en sí se propone como objetivo mantener la temperatura del planeta por debajo de dos grados respecto a niveles preindustriales y perseguir que no aumente más de 1.5 para evitar los peores impactos del cambio climático.
En cuanto a sus objetivos a largo plazo, los países se comprometen a “poner pico a sus emisiones tan pronto como sea posible” y a alcanzar la neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero en la segunda mitad de siglo, o dicho con otras palabras, a no lanzar más gases contaminantes de los que el planeta pueda absorber.
Propone asimismo que los países deban presentar contribuciones nacionales de reducción de emisiones cada cinco años y que estas no sean menos ambiciosas que las presentadas en 2015.
En uno de los apartados más delicados, el de la financiación de la lucha contra el cambio climático, se han logrado claros avances, aunque cuestiones fundamentales siguen abiertas, como si se exigirá que los recursos financieros que tendrán que poner los países desarrollados sobre la mesa son “nuevos”, “adicionales”, “gradualmente al alza” u otras opciones.
Se ha optado por recalcar que los países desarrollados deberán “tomar el liderazgo” a la hora de movilizar y facilitar la financiación climática, a la vez que se subraya que los fondos públicos tendrán un “papel significativo” dentro de los “esfuerzos compartidos por todas las partes”.
También señala que los países desarrollados deberán movilizar un mínimo de 100 mil millones de dólares anualmente a partir de 2020 para la adaptación al cambio climático de los en desarrollo, y que estos últimos podrán aportar fondos “voluntariamente”.
Además, el texto propone que los países desarrollados tengan que comunicar cada dos años información concreta sobre sus esfuerzos en financiación climática.