El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, reconoció hoy que a pesar de los avances en el nuevo plan de seguridad del estado, este no erradicará la violencia ni resolverá la problemática definitivamente.
“Es una estrategia de contención que no va a resolver el problema“, admitió en una rueda de prensa en la Ciudad de México, en la que dijo que ello ocurrirá “cuando Guerrero tenga otras opciones, fundamentalmente de ocupación entre las personas que se dedican a la siembra y a la venta de mariguana y amapola”.
Astudillo, quien asumió el cargo en octubre y pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que se tiene que trabajar en un “gran programa sustentado en acciones sociales”, “mejorar la educación” y hallar “actividades atractivas para los guerrerenses”.
Asimismo, agradeció la labor “de contención” desempeñada por elementos de seguridad estatales y federales en el marco de la estrategia implementada a finales de octubre.
En ella trabajan hasta 10 mil cuerpos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y, solo en Acapulco, mil marinos, además de agentes federales y estatales, apuntó.
Sobre la ola de violencia y homicidios en el estado en los últimos 15 meses, tras la desaparición de 43 estudiantes en el municipio de Iguala, reconoció que no es un problema “fácil” de arreglar.
No obstante, apuntó que no son generalizados: “Hay confrontaciones y hay personas asesinadas. (…) Encontramos que los asesinatos que existen se ligan a personas relacionadas con actividades de narcotráfico”.
Asimismo, señaló que el estado “atraviesa por momentos que han sido difíciles, pero también hay cosas muy buenas; ha habido una excelente respuesta y un trabajo constante en este operativo de seguridad impulsado por el gobierno federal”.
Astudillo afirmó que no se ha reunido con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014 desde finales de este octubre, cuando los conoció previo a asumir el cargo.
Además, consideró de positiva la reciente puesta en libertad de Erick Ramírez, alcalde del municipio de Cocula, donde supuestamente quemaron en un basurero los restos de los 43 estudiantes, al no encontrarse cargos en su contra.
Un juez mexicano dictó una orden de detención provisional por 40 días en contra de Ramírez por reunirse con el líder de la banda Guerreros Unidos, Adán Zenen Casarrubias.
Según el alcalde, fue engañado para que se llevara a cabo tal encuentro.