El subprocurador jurídico de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Rafael Ochoa Morales, aseguró que esa instancia carece de facultades para intervenir en el caso del presunto fraude de Alta Grupo, por lo cual los afectados deberán recurrir al Ministerio Público para levantar una denuncia por fraude.
“Hay que orientar a estas personas para que presenten sus denuncias, pudieran estar en la comisión de un fraude genérico y eso compete a las autoridades jurisdiccionales”, dijo Ochoa Morales.
Alta Grupo es un conglomerado de empresas dirigida por Luis López Panadero y Salvador Abascal, y que reúne negocios de telefonía móvil, tiendas de conveniencia y la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Alta Servicios, la cual desde 2013 ofrecía a las personas tasas de ganancias de 16%, tres veces por arriba del promedio del mercado bancario.
En marzo de este año el problema estalló, ya que los inversionistas denunciaron que desde ese mes dejaron de recibir el pago de sus rendimientos. En octubre pasado, Alta Grupo declaró adeudos por cuatro mil 300 millones de pesos.
En ese mes inversionistas presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), pero su titular, Mario Di Costanzo dijo que sólo tenían injerencia en lo relacionado con la Sofipo.
Al respecto, Ochoa Morales aseguro que la Profeco tampoco tiene atribuciones para responder a los afectados de Alta Grupo, pues el tipo de contrato que tienen queda fuera del consumo que atiende la Procuraduría y la Condusef, lo que les queda es acudir a tribunales, dijo.
“Algunos actos tienen que ver con el sistema financiero, lo está atendiendo Condusef, los demás tendrán que acudir a los tribunales del fuero común, son los competentes para atender esta problemática”, dijo el subprocurador jurídico de Profeco.
El problema, añadió, es el tipo de esquema que engloba a Alta Grupo, pues por un lado está la Sofipo, pero por otro están los negocios de Sociedad Anónima de Capital Variable que corresponden a la Profeco, pero por el tipo de contrato salen de la competencia de la Procuraduría.