La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suscribieron el convenio Por la estabilidad en los precios de los alimentos básicos, con el cual buscan defender los ingresos de los sectores más vulnerables de la población ante posibles abusos de comerciantes.
El titular de Sedesol, José Antonio Meade Kuribreña, explicó que el convenio es para que ambas instituciones monitoreen los precios de los productos de la canasta básica, además de llevar a cabo talleres y cursos entre los beneficiarios de los programas sociales de la secretaría para que sepan sus derechos como consumidores.
“Un cambio de 1% en el precio anual de la canasta no alimentaria implica un potencial de que 500 mil personas que se ubiquen en pobreza. Esto quiere decir que cualquier esfuerzo que se haga por dotarlos de mejores elementos que les permita que sus recursos luzcan más, sin duda es un elemento que habrá de aliviar el reto que implica la carencia de ingreso suficiente”, explicó Meade.
Por su parte, la titular de Profeco, Lorena Martínez Rodríguez, dijo que con el convenio se llega a un sector de la población que normalmente está desprotegido porque desconoce cuáles son sus derechos, pero a partir de que comiencen los talleres tendrán las herramientas para su defensa.
“Buscamos abonarle a la educación, a la capacitación, a la divulgación de los derechos del consumidor que evidentemente tiene la necesidad recurrente de proteger sus ingresos, los ingresos de las familias de más bajos recursos, que se ven vulneradas por el ejercicio de los proveedores en ocasiones poco cumplidos y contra los abusos”, comentó la procuradora.
Este convenio beneficiará a 24 millones de beneficiarios al Programa Prospera; a 5.7 millones de adultos mayores que reciben una pensión; a siete millones de beneficiarios del programa de Liconsa y a 27 mil espacios de abasto social con los que cuenta Diconsa.