Con 74 votos a favor, 20 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó y envío a los Congresos locales la reforma política del Distrito Federal, que convierte a la Ciudad de México en la entidad federativa 32 y con autonomía en lo concerniente a su régimen interior, su organización política y administrativa.
En su última sesión del periodo ordinario, el Senado aprobó el dictamen con las tres modificaciones hechas por la Cámara de Diputados: la sustitución del termino “salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México” por el concepto de “valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”; que sea a más tardar dentro de los siguientes 15 días a partir de la publicación de este decreto la fecha para que el Instituto Nacional Electoral (INE) expida la convocatoria para la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente, –encargada de elaborar la Constitución Política del DF–; así como determinar que sea a final de marzo de 2016 la fecha para que los ciudadanos que deseen ser candidatos de dicho órgano no figuren en los registros de los partidos políticos.
Al posicionar el dictamen, el senador del grupo parlamentario del PRD Mario Delgado Carrillo destacó que con esta reforma constitucional avanza la autonomía de la Ciudad de México para que los habitantes de la capital tengan derechos político similares al resto de las entidades, no obstante anunció su voto en contra del proyecto por considerar que la Asamblea Constituyente quedará integrada bajo la lógica del control político, pues solo 60 de los 100 integrantes serán electos por la vía del voto y el resto de los constituyentes serán de respresentación proporcional (plurinominales).
“Se equivocan quienes creen que la Constitución puede ser simplemente un arreglo político a partir de un Constituyente controlado y con mayorías artificiales (…). La obsesión de control político otra vez se impone y se recurre a la fórmula del supremo poder conservador de principios del siglo XIX, donde ahora el Congreso, el Presidente y el Jefe de Gobierno seleccionarán a constituyentes, cuyo mandato único será servir a los intereses del grupo político que representan”, afirmó.
Por su parte, la senadora del PAN y secretaria de la Comisión del Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo, sostuvo que la virtud de la reforma es que abre la puerta a transformaciones legales para beneficiar a los capitalinos, aunque la misma, dijo, podría ser insuficiente, pues se corre el riesgo de que su ejecución sea una simulación o una transformación cosmética.
Al fijar la postura a favor del PRI, la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo destacó que una vez aprobada la reforma, la Ciudad de México recibirá un trato equitativo con respecto al resto de las entidades federativas, especialmente en lo referente a la repartición de recursos y rendición de cuentas.
La reforma fue turnada a los congresos locales donde deberá ser aprobada por la mitad más uno para su publicación y entrada en vigor al tratarse de una reforma constitucional.
Los cambios
–Dejará de llamarse Distrito Federal para ser reconocida como “Ciudad de México”, misma que continuará siendo sede de los Poderes de la Unión
–La entidad número 32 contará con una Constitución Política
–Se suprimió la atribución del Senado de la República para designar al titular del órgano de gobierno del Distrito Federal, en caso de remoción
–Cede al jefe de gobierno de la Ciudad de México, la titularidad del Poder Ejecutivo Local y tendrá la dirección de las instituciones de seguridad pública
–Establece una nueva organización política administrativa, a través de organismos que sustituirán a las delegaciones y que se integrarán por un alcalde y un concejo de entre diez y 15 miembros
–Contará con una Asamblea Constituyente encargada de redactar la nueva Constitución. Esta quedará integrada por 100 diputados: 60 por el principio de representación proporcional, 14 senadores y 14 diputados federales, ambos designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara; seis designados por el presidente de la República y seis designados por el jefe de gobierno del Distrito Federal.