El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó una sanción por 88.5 millones de pesos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por ocultar operaciones inmobiliarias, transferir terrenos a uno de sus dirigentes y no explicar la procedencia de 11.2 millones de pesos en efectivo, en una investigación que involucra al ex subsecretario de la Segob, Arturo Escobar.
Tras dos años de investigación, la Unidad de Fiscalización, descubrió una trama que data de 2009, en la que el Verde Ecologista pagó a Grupo Textil Joad 11.2 millones de pesos en efectivo por la confección de camisetas, las cuales no le fueron entregadas.
Ante el supuesto incumplimiento en la entrega de cientos de miles de camisetas, la empresa cedió un terreno en Iztapalapa, el cual fue escriturado a nombre de Marco Antonio de la Mora Torreblanca, ex dirigente del Verde Ecologista en Guerrero y suplente del ex diputado Arturo Escobar.
Además, la investigación involucra a Arturo Escobar (hasta hace unos días subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación) y su hermano Adrián Escobar por validar el contrato y ocultar la información al INE.
En el proyecto, aprobado por el órgano electoral, señalan que Adrián Escobar era accionista de Grupo Textil Joad hasta unos días antes de la firma del contrato, en el que se pagaron más de 11 millones en efectivo con recursos de procedencia desconocida.
El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización advirtió que “la pretensión de engañar a la autoridad acredita el dolo”.
Se defienden
Jorge Herrera, representante del Verde Ecologista ante el INE, anunció que apelarán la multa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por considerar que “mañosamente” los consejeros manipularon la investigación para perjudicar a su partido.
Justificó que la firma de Arturo Escobar fue falsificada en un documento, el cual fue utilizado por el INE como prueba plena para acreditar la operación y señaló también como falso que el PVEM haya pagado en efectivo.
Además de la multa, el INE dio vista a la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía para la Investigación de Delitos Electorales (Fepade) y la Comisión Nacional de Delitos Electorales, para que indague si los 11.2 millones de pesos no reportados corresponden a recursos de procedencia ilícita.