Existe un subregistro de denuncias por violencia, principalmente sexual, cometida contra mujeres lesbianas y bisexuales, quienes ni siquiera están nombradas en las legislaciones de los Estados y cuyas agresiones ocurren en privado, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con el informe más reciente de la Comisión sobre violencia contra personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) en América, las mujeres lesbianas corren especial riesgo de violencia como resultado de la misoginia y la inequidad de género en la sociedad.
Sin embargo, de los 770 actos de violencia contra personas LGBTI registrados por la CIDH entre enero de 2013 y marzo de 2014 (letales y no letales), 55 fueron actos contra mujeres lesbianas o mujeres percibidas como lesbianas.
La CIDH observó que “existe una falta de denuncia significativa de los actos de violencia contra las mujeres lesbianas. Esto quizás se debe a que muchas de las formas de violencia experimentado por mujeres lesbianas ocurren en privado y son formas interseccionales de violencia”.
Y señaló que el bajo número en las denuncias también se debe en parte a la invisibilidad y el subregistro que rodean a las agresiones contra las mujeres.
No obstante, de acuerdo con los casos de los que tuvo conocimiento la instancia internacional, ellas son frecuentemente víctimas de violación o violencia sexual como una forma de “sancionarlas” y para “castigarlas” por su orientación sexual.
También son sujetas a palizas colectivas por la exhibición pública de afecto, ataques con ácido e internamiento forzado en centros que ofrecen “modificar” su orientación sexual.
Violencia desproporcionada
La CIDH expresó que las mujeres lesbianas son “afectadas de manera desproporcionada por la violencia ejercida por los miembros de su familia”, y puso como ejemplo un caso de Ecuador, en el que un hombre disparó contra su esposa en la espalda y cuello presuntamente porque pensó que era lesbiana.
Si bien la mujer del relato sobrevivió, quedó con discapacidad permanente y a cargo de sus cinco hijos. Otro caso es el de una joven lesbiana chilena que fue atacada físicamente de manera reiterada y apuñalada por los parientes varones de su ex novia.
Un caso más sucedió en Perú, donde una mujer trató de defender a su pareja también mujer de un ataque de su hermano, tras lo cual sufrió heridas de machete en la cara, cabeza y cuello. Posteriormente, la mujer también fue discriminada por un oficial de medicina forense de ese país, quien la cuestionó reiteradamente sobre su vida sexual, además de que la llamó “marimacha” y le dijo que su hijo sería un “maricón”.
La CIDH advirtió que las mujeres lesbianas también son “castigadas” por rechazar insinuaciones sexuales de hombres.
Peores ataques contra bisexuales
El informe señala que la Comisión Interamericana ha recibido información “preocupante” sobre los altos niveles de violencia sufridos por mujeres bisexuales, en comparación con las lesbianas y las heterosexuales.
Como botón de muestra, según datos de la Encuesta Nacional sobre Parejas Íntimas y Violencia Sexual en los Estados Unidos, del año 2010, 61.1% de las mujeres bisexuales habían sido víctimas de violencia sexual, física o acoso al menos una vez en sus vidas; mientras que 43.8% de las mujeres lesbianas y 35 por ciento de las heterosexuales padecieron este abuso.
Obligaciones del Estado
Al respecto, la CIDH enfatizó la obligación de los Estados de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, incluyendo las lesbianas, bisexuales trans e intersex.
Y destacó que los Estados tienen la obligación de modificar de manera progresiva los patrones sociales y culturales de conducta de los varones y las mujeres desde los programas educativos, con el fin de contrarrestar prejuicios, costumbres y prácticas que son perjudiciales para las mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex.
La Comisión también urgió a los Estados a que incluyan de manera específica a las mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex en su legislación, en políticas públicas y todos los esfuerzos gubernamentales en relación a los derechos de las mujeres de vivir libres de toda discriminación y violencia, así como a desagregar los datos sobre violencia de género en categorías relacionadas con orientación sexual, identidad de género y diversidad corporal.