LONDRES. Decenas de personas se congregaron hoy ante la embajada de Arabia Saudí en Londres para condenar las 47 ejecuciones llevadas a cabo en el país árabe, entre ellas la del clérigo chií opositor Nimr Baqir al Nimr.
Un portavoz de la organización Amnistía Internacional (AI), Shane Enright, presente en la manifestación, censuró todas las muertes y dijo que Baqir al Nimr fue condenado solo por ser disidente y “expresar sus puntos de vista de forma pacífica”.
“Esta es una violación flagrante de los derechos humanos más fundamentales”, declaró a la agencia local PA.
La ejecución del clérigo ha suscitado protestas en Oriente Medio y también en amplios sectores en el Reino Unido, donde la oposición laborista ha pedido al Gobierno que presione a Arabia Saudí para que respete los derechos humanos.
El portavoz de Exteriores laborista, Hilary Benn, tachó de “profundamente errónea” la ejecución del religioso, que en 2011 participó junto con otros disidentes en la revuelta popular contra la dictadura saudí.
La ejecución de Nimr Baqir al Nimr, detenido en 2012 por apoyar presuntamente los disturbios contra las autoridades saudíes en Al Qatif, en el este del país y de mayoría chií, suscita temores sobre el futuro de su sobrino Ali Mohamed al Nimr y de otros dos jóvenes chiíes, detenidos cuando eran menores de edad.
El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha instado varias veces al Gobierno conservador de David Cameron a intervenir en el caso.
Una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico declaró que “el Reino Unido condena la pena de muerte en todas las circunstancias y países” y aseguró que Londres plantea a menudo sus inquietudes sobre derechos humanos a Riad.
Las autoridades saudíes han ejecutado hoy a 47 personas condenadas por terrorismo, entre ellas el clérigo chií opositor Nimr Baqir al Nimr, en una demostración de mano dura que ha encendido la ira de la comunidad chií en Oriente Medio.
Esa ejecución en masa y simultánea, realizada en doce zonas del país mediante decapitaciones por sable y fusilamientos, es la mayor llevada a cabo en décadas en el reino saudí, donde desde la llegada al trono de Salman bin Abdelaziz a principios de 2015 se ha disparado la aplicación de este tipo de castigos.