El secretario general de la Organización General para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, señaló que el gobierno mexicano se enfrenta a “poderes fácticos” que se oponen a la aplicación de impuestos a refrescos y comida chatarra como medidas para combatir la obesidad y el sobrepeso, y que intentan debilitar estas medidas reconocidas internacionalmente.

 

Durante la presentación del Segundo Estudio de los Sistemas de Salud de México, Gurría señaló que existen “poderes fácticos” que han intentado echar atrás los esfuerzos por mejorar los niveles de Salud de los mexicanos mediante el gravamen especial a la comida chatarra, los refrescos y bebidas azucaradas y el etiquetado frontal en alimentos y bebidas.

 

“¿Y cómo se defienden, por cierto, los poderes fácticos? Hacen su lobby frente al Congreso para atenuar o eliminar las medidas que se han tomado en favor de la salud de los niños, cuando tenemos en México una incidencia de obesidad de las más altas del mundo y problemas de diabetes que están creciendo con el consecuente aumento del costo del tratamiento”, afirmó.

 

Calificó de “valientes” estas medidas; sin embargo señaló que enfrentan inercias muy arraigadas y “poderosos intereses empresariales” e incluso reveló que tanto él como la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, han recibido “innumerables” llamadas telefónicas y visitas de representantes de estas empresas para convencerlos de debilitar las políticas anti-chatarra.

 

Urgencia

 

Durante la presentación del estudio, José Ángel Gurría también urgió a que el gobierno Federal inicie a la brevedad la discusión y el debate sobre la universalización de los servicios de Salud para avanzar hacia la reforma de la Ley General de Salud, la cual debió haber estado lista desde septiembre de 2014.

 

Actualmente, el problema más grave que encontró la OCDE  en el reporte sobre el sistema de salud que presentó el miércoles está relacionado con la desarticulación de las dependencias prestadoras de servicios sanitarios como el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular.

 

Por lo pronto, México tiene que avanzar en la articulación de sus sistemas de Salud para facilitar el intercambio de servicios entre instituciones y la homologación en la calidad de los mismos.

 

De acuerdo con el reporte de la OCDE, Cada subsistema ofrece diferentes niveles de atención, a precios distintos, con diferentes resultados y el acceso a cada subsistema está determinado por la condición laboral, por lo que si un empleado de la IP se queda sin trabajo y luego entra al gobierno -por ejemplo- en un mismo año habrá sido sujeto de tres sistemas distintos: IMSS, Seguro Popular e ISSSTE, perdiendo la continuidad.

 

“Cada año, una tercera parte de los afiliados se ven obligados a cambiar de proveedor de sistema de Salud, de institución o doctor. Está situación afecta la continuidad del cuidado médico y genera un desperdicio de recursos pues se pierde el seguimiento y conocimiento previo del paciente que tenía el médico que estaba tratando y después tiene que volver a empezar”, dijo Gurría.