El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pacta 49% de sus contrataciones de obra pública, servicios, adquisición de medicamentos y bienes a través de adjudicación directa, lo cual genera riesgos de corrupción e ineficacia.

 

De acuerdo con el “Estudio sobre la contratación pública del ISSSTE en México”, que elaboró la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el instituto destina 80% de su gasto de contratación a licitaciones públicas; sin embargo, 49% de sus contratos firmados fueron asignados a empresas a través de adjudicación directa.

 

Estas prácticas se dan principalmente en las delegaciones estatales, que han llegado a encontrar hasta 20 excepciones o “pretextos” (como los denominó el secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño) para no someter sus procesos de contratación a licitaciones públicas.

 

Entre estas excepciones, las delegaciones han justificado la naturaleza de los productos que requiere (medicamentos de patente) y de los servicios que brinda (urgencias médicas o epidemias).

 

Sin embargo, otras justificaciones surgen de una planeación inadecuada o la falta de conocimiento y exploración del mercado, como los pronósticos de requerimientos y administración del proceso de contratación y la alegada falta de disponibilidad de otros productos y servicios.

 

“Por ejemplo, hay un caso de cómo se usan como pretexto más que como verdaderas razones. En una delegación del ISSSTE, 5% de todos los contratos se hacen por adjudicación directa mientras que en otra, 77% de los contratos se hicieron por adjudicación directa. Uno supone que el ISSSTE en un estado y otro compra fundamentalmente lo mismo”, señaló José Ángel Gurría.

 

De acuerdo con el reporte, este tipo de situaciones puede afectar a la institución al disminuir su padrón de proveedores, pues estos pueden dejar de someter sus propuestas al considerar que el sistema de contrataciones del ISSSTE está “arreglado o sucio”.

 

De hecho, entre 2007 y 2011, casi 10% de los procedimientos del Instituto fueron objeto de inconformidades formales por parte de las empresas de su padrón de proveedores, lo que significa que de los cinco mil 428 contratos que entregó en ese periodo, los proveedores  presentaron ante la Secretaría de la Función Pública (SPF) 509 quejas con respecto a la adjudicación de los mismos.

 

Aunque la situación ha mejorado desde entonces, señala la OCDE, las empresas reclamaron haber sido descalificadas con base en requerimientos no especificados en las bases de licitación; contratos adjudicados a licitantes que no satisfacen todos los requerimientos de cumplimiento; y contratos adjudicados a ciertos licitantes aunque otras ofertas representaban mejor valor, de acuerdo con el método de selección identificado en las convocatorias de licitación.