CUERNAVACA. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor) recibió queja de los familiares de una mujer detenida por su presunta participación en los hechos en los que perdió la vida la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota.
El organismo informó que la radicación señala presuntas actuaciones y omisiones violatorias a sus derechos fundamentales por parte de elementos policiacos durante su detención.
La queja quedó radicada en el expediente 008/2015-5, en el cual se han solicitado los informes pertinentes que ayuden a esclarecer las formas de su detención y puesta a disposición.
En la certificación que realizó personal de CDHMor a la imputada no se encontraron lesiones. En el mismo, trascendió la captura de un menor de edad que fue presentado como uno de los presuntos responsables del homicidio de la alcaldesa.
El adolescente ratificó la queja 004/2016-6 iniciada de oficio por este organismo para salvaguardar sus derechos humanos como menor de edad.
Es importante señalar que durante la certificación que hizo este organismo al imputado se le encontraron diversas lesiones y se advierte que fue policontundido durante su detención.
Estas lesiones también están acreditadas en la certificación que realizó la coordinación de reinserción social al ingresarlo al Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA).
Sobre el caso del menor, el organismo ha solicitado al Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) las medidas precautorias necesarias con el objetivo de salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en la carta magna y diversos tratados internacionales signados por el país.
Es importante señalar que ambos expedientes relativos a los imputados serán investigados bajo un mismo número de carpeta. El expediente 008/2016-5 se agrega al 004/2016-6 por tratarse ambas quejas de un mismo asunto.
El visitador especializado en asuntos penitenciarios de este organismo, Raúl Díaz, ha tenido acercamientos con los imputados.
Ello con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de las personas detenidas sujetas a proceso penal, que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto internacional de los Derechos Civiles, además de la Constitución Política del país.