Tras la segunda recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, las autoridades mexicanas han optado por rectificar su política de extradición con el objetivo de que la permanencia del capo en nuestro país no implique una amenaza para la seguridad de los funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial involucrados en el juicio. Especialistas en el tema coinciden en que el proceso para extraditar al líder del cártel de Sinaloa podría prologarse alrededor de dos meses.
“Mientras más tiempo esté (El Chapo) en México, mayor presión existe sobre todas aquellas autoridades del poder judicial y del poder ejecutivo que están involucradas en ese sentido, por esa razón todos los poderes del Estado tienen el mayor interés de extraditarlo a los Estados Unidos. Porque va a haber presión sobre los jueces, y los funcionarios federales que tiene en su manos la responsabilidad de la extradición, entre ellos, la secretaria de Relaciones Exteriores y su equipo jurídico”, advirtió Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en temas de seguridad, terrorismo y comunicación política.
En entrevista con 24 HORAS, el también profesor de la Universidad de las Américas Puebla indicó que hay un importante avance en la línea procesal de extradición, tal y como lo informó la Procuraduría General de la República a través de un comunicado, pero hay la posibilidad de que el narcotraficante interponga los recursos y amparos en los tiempos legales a los que tiene derecho.
“México no lo va a extraditar inmediatamente. Va a permitir que el Chapo interponga los amparos, y recursos legales que la legislación mexicana le permite, y se estará extraditando en los tiempos mínimos que establece la ley, entonces, en menos de dos meses el Chapo Guzmán estará extraditado hacia los Estados Unidos. Este gobierno está siendo en extremo legalista para evitar cualquier espacio de interpretación que le dé herramientas jurídicas al criminal y sus abogados para impedir el proceso de extradición”.
Cambio de discurso
De acuerdo con Sánchez Lara, la intención de no mantener al capo en cárceles mexicanas se deriva de tres principales causa: la presión de corrupción y amenaza directa contra las instituciones y funcionarios encargados del juicio de extradición, la evidente incapacidad de las autoridades mexicanas de mantener la plena certeza del resguardo de Joaquín Guzmán, y la presión del gobierno estadunidense, que ha invertido en recursos de inteligencia, tecnológicos, y de operación para su recaptura.
Lo anterior implica un cambio de discurso de los funcionarios del gabinete de seguridad que en febrero de 2014, cuando se dio la segunda reaprehensión de Guzmán Loera, descartaron la posibilidad de extraditarlo a los Estados Unidos en el mediano plazo. “Yo puedo aceptar la extradición, pero en el momento que yo diga. El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300-400 años después, falta mucho” declaró el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam.
“Para extraditar a una persona debe de haber la decisión de un juez allá en Estados Unidos, como también lo hacemos nosotros. El proceso del Chapo en este momento (en México) no está terminado todavía”, dijo el encargado de la política interior del país, Miguel Ángel Osorio Chong, en octubre del año pasado, tres meses después de la segunda evasión del capo.
Experiencia Colombiana
En palabras del especialista, lejos del temor de una tercera fuga, la cual resulta “improbable”, la preocupación actual recae en los alcances del narcotraficante para evitar su envío al país vecino, tal y como sucedió en el caso de Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín, en Colombia, quien sobornó, amenazó y asesinó a quienes se pronunciaron por su extradición a la unión americana.
“Escobar compró a candidatos al congreso de Colombia para que echaran atrás la legislación en materia de extradición con Estados Unidos, compró, amenazó y ejecutó a políticos que estuvieran a favor de la extradición de capos ese país. Me parece que esa hipótesis ya llego a nuestro país, y los saben la autoridades”.
“Para el gobierno ahora la presión es muy grande para mantenerlo en estos meses, pero la presión no solo la tienen en el resguardo, la tiene los que están dando las autorizaciones judiciales para extraditarlo. Esa situación incrementó los niveles de violencia en Colombia hace 25 años”, sostuvo Rodríguez Sánchez Lara.