En julio de 2005, el Fondo Nacional de Fomento para el Fomento del Turismo recibió el aval del Manifiesto de Impacto Ambiental del desarrollo “Anteproyecto Malecón Cancún” por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), a cargo en ese entonces de Ricardo Juárez, esto para el cambio de uso de suelo para 58.79 hectáreas del manglar Tajamar, con el objetivo de construir una zona habitacional y comercial.
La autorización fue condicionada a la presentación y ejecución de un programa de manejo y reubicación de las 27 especies de mamíferos, aves, reptiles y crustáceos que habitan el manglar.
Pero fue a partir de esa fecha en que comenzó una serie de retrasos, incumplimientos y demandas de amparos que retrasaron por más de una década el desarrollo de 44 lotes, que incluyen la construcción de casas, hoteles, centros comerciales y vialidades.
Originalmente, la autorización de Semarnat expiraba en 2009, pero la empresa Bi&Di logró una prórroga que caduca el próximo mes.
A lo largo de los últimos 10 años, con el aval de Fonatur, los responsables del desarrollo construyeron a los alrededores del manglar avenidas, glorietas y calles para conectar la zona habitacional.
El proyecto iba avanzando, incluso Semarnat recibió los anteproyectos para los 44 lotes habitacionales en junio de 2015, pero en agosto del año pasado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró temporalmente las obras, esto debido a que no había un plan de manejo de la fauna.
Fue en septiembre cuando la empresa presentó el plan de manejo y los trabajos continuaron ante la preocupación de vecinos, quienes formaron la agrupación “Salvemos al manglar Tajamar”.
Por medio de esta organización, un grupo de 113 niños logró (en noviembre pasado) que el juez cuarto con sede en Cancún les concediera un amparo contra la deforestación de este lugar; sin embargo, el amparo no se pudo aplicar, ya que como garantía se les pidió 21 millones de pesos, cantidad que no juntaron.
Así llegó el 16 de enero de 2016, cuando comenzó la tala y relleno de 22 de las 58 hectáreas de Tajamar, donde “Salvemos al manglar” denuncia que se violó el requisito del manejo de los animales, al grado de que varios cocodrilos fueron aplastados por maquinaria.
Después de la tala, la Secretaría de Medio Ambiente federal avaló los trabajos bajo el argumento de que se cuentan con los permisos correspondientes y que al momento de éstos no se afectó a la fauna en el lugar.
Las acciones legales de los opositores al desarrollo no quedaron ahí, el 20 de enero interpusieron una demanda de amparo ante el juez segundo de Distrito de Cancún, misma que ganaron para suspender la obra hasta resolver a dónde irán los animales sobrevivientes.
Y las denuncias siguieron. Este jueves, Salvemos al manglar reunió a 26 organizaciones de la sociedad civil en un comunicado donde exigen a la Semarnat retirar definitivamente el permiso para la obra, pues pese a la tala la zona tiene remedio, aseguran.
Además, piden que se inicie una investigación para determinar responsabilidades de lo que consideran un ecocidio en contra del manglar.
