Por presuntamente extorsionar con 500 mil pesos a un empresario, a quien detuvieron con una investigación falsa, dos fiscales de la SEIDO y un agente de la Policía Federal Ministerial (PFM) fueron encarcelados.

 

El pasado 22 de diciembre, la Visitaduría General de la PGR obtuvo del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales el auto de formal prisión contra Érika León Rodríguez, Directora General Adjunta de la Unidad Antilavado de la SEIDO, así como Carlos Abraham Moncada Bermúdez, fiscal de la misma, y Porfirio Francisco Hernández, agente de la Policía Federal Ministerial (PFM).

 

Además, se persigue a otros tres policías que integraban la célula que trabajaba para dicha Unidad, contra quienes también fue librada una orden de aprehensión y hasta el momento se encuentran en calidad de evadidos.

 

Los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 2015, cuando un empresario fue abordado afuera de su oficina, ubicada en la Colonia Vallejo, por cuatro sujetos que se identificaron como efectivos de la Policía Federal Ministerial de la PGR.

 

Estas personas le indicaron que tenían una orden para presentarlo a declarar ante la Unidad Antilavado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), debido a que había una averiguación previa en su contra por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

Según las múltiples pruebas que recabó la Visitaduría General para ejercitar la acción penal, durante el trasladado los policías le pidieron al empresario 500 mil pesos para “desaparecer” el expediente de investigación que supuestamente tenían en su contra.

 

Posteriormente, en las instalaciones de la SEIDO, fueron recibidos en la puerta de acceso vehicular por la titular de una de las fiscalías de la Unidad Antilavado, quien condujo al ciudadano a sus oficinas, donde lo amenazó con diversas frases sobre su posible consignación e internamiento en un penal federal.

 

Por indicaciones de su “jefa”, el agente del Ministerio Público levantó una supuesta comparecencia del empresario, quien se habría “reservado” su derecho a declarar para que después le permitieran salir en libertad. Sin embargo, esto solo fue el modo a través del cual los entonces funcionarios lograron amenazarlo para extorsionarlo.

 

En la investigación realizada por la Visitaduría General se comprobó la inexistencia de la averiguación previa en contra del ciudadano, así como la ausencia de mandamiento alguno para que la Policía Federal Ministerial procediera a localizarlo y presentarlo ante la SEIDO.

 

Según la denuncia del empresario extorsionado, el “comandante” le dijo que tenía que pagar dos millones de pesos porque “así lo exigió la licenciada”, pero quedó de entregar un millón de pesos.

 

Ese mismo día, siguiendo las indicaciones que le dieron vía telefónica, entregó 600 mil pesos y después recibió diversos mensajes SMS para que diera el resto del dinero exigido, ante lo cual decidió acudir al órgano anticorrupción a presentar la denuncia.

 

En su investigación, la Visitaduría General logró identificar a los cuatro integrantes de la célula policial, a la titular de la fiscalía y a su agente del Ministerio Publico que simularon la orden de localización y presentación, así como la constancia de comparecencia.

 

De esta forma, se procedió penalmente contra ellos el 14 de diciembre del año pasado, con lo que al día siguiente se obtuvo la orden de aprehensión en contra de los seis implicados.

 

La PGR señaló que en el periodo de abril a diciembre del 2015, la Visitaduría General obtuvo órdenes de aprehensión en contra de 125 personas y 110 autos de formal prisión.