El gobierno mexicano ha pagado un millón 250 mil dólares a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes desde hace 26 meses realizan una investigación alterna sobre el caso Ayotzinapa.

 

Según documentos de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuya copia posee 24 HORAS, en su primer periodo de investigación (del 21 de noviembre de 2014 al 30 de septiembre de 2015), se les pagó un millón de dólares.

 

En ese lapso, los expertos del GIEI concluyeron que la llamada “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República sólo podía tomarse como una hipótesis; es decir, que la versión de que los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y sus cenizas arrojadas al río San Juan, no cerraba el caso.

 

El reporte, contenido en la solicitud de información 19615, revela que los cinco expertos internacionales cobraron por adelantado la investigación del caso Iguala. El 28 de noviembre de 2014 se les realizó el depósito de un millón de dólares: al tipo de cambio de esa fecha, 13 millones 620 mil pesos.

 

“Los recursos destinados por el Estado mexicano al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para su primer periodo de mandato, equivalió a un millón de dólares, mismo que fue transferido el día 28 de noviembre de 2014”, dice el documento.

 

Ante las conclusiones de los expertos internacionales, que ponían en tela de juicio la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) y abrían nuevas líneas sobre la desaparición de los 43 normalistas, el gobierno mexicano decidió ampliar su mandato para un segundo periodo.

 

“En relación con el segundo periodo del mandato del GIEI, se informa que el 17 de noviembre de 2015, la Tesorería de la Federación (TESOFE), a través del Banco de México, realizó la transferencia de 250 mil dólares a fin de que el GIEI pueda cumplir con su mandato en el corto plazo”, indica el documento.

 

Los recursos de ambos periodos, detallan, son enviados a la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual se encarga de transferirlos.

 

Para su segundo periodo, de acuerdo al tipo de cambio en la fecha que se realizó el depósito, los expertos recibieron cuatro millones 160 mil pesos, cifra que podría aumentar porque “el Estado mexicano se encuentra analizando la cantidad total de los recursos que se destinarán para el cumplimiento del segundo periodo”.

 

La Dirección General de Derechos Humanos y Democracia informó que los cinco expertos fueron contratados mediante un “acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional, desde la perspectiva de los derechos humanos, en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos”.

 

Dicho acuerdo, en una de sus cláusulas, manifiesta que los integrantes del GIEI tendrán autonomía para investigar y “establece que el Estado cubrirá los gastos”.

 

El segundo periodo de trabajo del GIEI culminará en abril de este año, después de esa fecha se conocerá el monto total pagado por el Estado mexicano para la investigación independiente sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

 

Recordando la historia

 

26 de septiembre 2014 

 

-Integrantes de Guerreros Unidos, junto a policías de Iguala y Cocula, atacan a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa

 

21 de noviembre 2014

 

-El Estado mexicano solicita la asesoría de la CIDH para realizar una investigación autónoma y paralela a la de PGR. Se envían al país a cinco expertos internaciones

 

6 de septiembre 2015 

 

-Los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)  dan a conocer un informe en el que concluyen que no existen elementos para determinar que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula

 

31 de octubre 2015

 

-El gobierno mexicano avala que los expertos internacionales amplíen sus investigaciones durante un segundo periodo, el cual, culminará en abril de 2016

 

7 de diciembre 2015

 

-Los expertos del GIEI emiten un informe preliminar de su segundo periodo de investigaciones

 

Perfiles

Ángela Buitrago

 

Abogada colombiana. Entre 2005 y 2010 fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y trabajó en casos como el de las desapariciones en el Palacio de Justicia de Colombia.
Hace unos días, fue acusada por el coronel colombiano Luis Alfonso Plazas Vega de fabricarle pruebas con testigos falsos, lo cual lo llevó a la cárcel por ocho años.

 

Claudia Paz y Paz

 

Abogada guatemalteca. Primera mujer Fiscal General en su país. Logró condenar al ex dictador Efraín Ríos Montt por su rol en el genocidio del pueblo maya y encabezó investigaciones sobre crimen organizado y violaciones a derechos humanos.

 

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal la señaló, porque a su juicio, durante su paso por la fiscalía guatemalteca protegió a “grupos guerrilleros disfrazados de activistas”.

 

Alejandro Valencia
Abogado colombiano. Se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Ha sido consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha trabajado con las Comisiones de la Verdad en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú.

 

Francisco Cox

 

Abogado chileno. Cuenta con una maestría en derecho de la Universidad de Columbia, Estados Unidos; Trabajó en apoyo de la extradición del general Pinochet a España, fue asesor principal del director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y también asesor de la CIDH en los Casos Villagrán Morales y otros contra Guatemala y Castillo Páez contra Perú.

 

Carlos Beristain

 

De nacionalidad española, es médico y doctor en psicología, trabaja con atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares desde hace 25 años. Coordinó el informe “Guatemala: Nunca Más”, así como el trabajo en Colombia con víctimas del conflicto armado interno; en Perú, Paraguay y Ecuador trabajó con las Comisiones de la Verdad de esos países.

 

Otro experto independiente

 

José Torero

 

Contratado por el GIEI para realizar un peritaje independiente en el basurero de Cocula, es un experto en incendios, actualmente director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Queensland, Australia. Entre su curriculum resalta sus estudios sobre fuego en los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.
En sus conclusiones, calificó como imposible que 43 cuerpos hayan sido incinerados en una sola noche en Cocula, con ello derrumbó la versión de la PGR.