El gobierno federal ha hecho énfasis en el cumplimiento de la fecha límite para la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJP) en todo el país, pero no ha sido evaluada la calidad de su implementación, afirman expertos
Contar con los recursos materiales, las salas de juicio oral, la capacitación adecuada de los investigadores, ministerios públicos, abogados defensores y jueces son temas pendientes en varias entidades donde, en algunos casos, no cuentan ni con lo básico en todas las comunidades para realizar las investigaciones, coinciden especialistas en justicia penal.
“No existe, ni existieron las condiciones para llevar a cabo las correctas investigaciones a nivel ministerial, no tenemos forenses, no tenemos antropólogos forenses, por eso tienen que venir argentinos a identificar nuestros cadáveres, es una cosa vergonzosa y no es que no haya esa carrera, existe, y no es que no haya gente talentosa en México, sí la hay, el problema es que no hay oportunidades, no hay sueldos dignos y no hay ventanas claras para llevar a cabo esa importantísima investigación”, advierte el doctor Gilberto Santa Rita, académico del Departamento de Derecho de la Ibero.
Por su parte, Ana Aguilar García, directora del proyecto del Instituto de Justicia Procesal Penal, confía en que se van a cumplir los tiempos, pero señala que no se está verificando la capacitación, infraestructura ni los mecanismos.
“Lo preocupante es que se está haciendo con tanta urgencia que yo no estoy segura, y eso me preocupa, que se esté verificando (…) que sea con la mayor calidad.
“Para las personas comunes y corrientes que van a buscar el servicio de la justicia creo que, posiblemente, si realmente no ponemos atención en la capacitación de los operadores nos vamos a topar con los mismos problemas del sistema tradicional, por ejemplo con un Ministerio Público insensible a las demandas de las víctimas, con abogados defensores poco preparados y hay que ver qué tanto se han capacitado los abogados privados que llevan muchos de los casos penales”.
La fecha límite para la implementación del NSJP es el 16 de junio de 2016, año electoral, lo que podría ser usado con fines políticos, sin considerar que la falta de elementos para su correcta aplicación pueda provocar violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de las víctimas, ante la exigencia de cumplir con la fecha establecida.
La implementación tiene diversas etapas, una es la modificación al Código Penal, otra la construcción de la infraestructura que requiere el Nuevo Sistema y otra que se aplique, de manera gradual, para todos los delitos excepto delincuencia organizada.
Consolidación del sistema
Arely Gómez, titular de la PGR, reconoció el pasado 4 de diciembre ante los integrantes del Consejo Directivo Nacional de la Canacintra, que uno de los principales retos es que la implementación se consolide y que el actual Sistema de Justicia Penal enfrenta una seria crisis por la desconfianza de la ciudadanía y la percepción negativa hacia las autoridades, especialmente de los cuerpos policiales y del Ministerio Público.
“Nadie puede negar esto, que realmente no hay confianza hacia la procuración de justicia. La ciudadanía percibía que la actuación ministerial era ineficaz y lenta debido a inercias burocráticas o a indiferencia, a limitaciones de las autoridades encargadas de investigar la comisión de delitos y, por qué no decirlo, también en ocasiones a corrupción”, subrayó la procuradora.
El lunes 30 de noviembre entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales para el NSPA en siete estados: Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca y Nayarit. Estos se agregan a Durango, Puebla, Yucatán, Zacatecas.
El NSPA pretende dar acceso a las víctimas a la justicia de manera directa, pronta y expedita a través de juicios orales donde se privilegia la investigación y las pruebas sobre la confesión o el señalamiento de una sola persona.