La investigación sobre un operativo realizado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para desmantelar una supuesta red de trata en un karaoke coreano de Zona Rosa, destapó inconsistencias en las declaraciones de las mujeres rescatadas, pues en un inicio las víctimas mencionaron que eran explotadas sexualmente y ya en el Ministerio Público, dijeron que ni siquiera trabajaban en el lugar.
Al parecer, una serie de mensajes telefónicos hicieron que las mujeres rescatadas cambiaran su declaración, al grado de afirmar que fueron violentados sus derechos humanos, reveló Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata.
El 17 de enero, la Procuraduría General de Justicia local informó que en Río Tíber 41, colonia Cuauhtémoc, se llevó a cabo un cateo en cumplimiento a una orden girada por el juez 19 Penal.
En el lugar rescataron a cinco mujeres originarias de la República de Corea del Sur , quienes vinieron al país en calidad de turistas tras haber sido contactadas en su país de origen por Yang Hyeon Jeng, quien ya está recluida en el Reclusorio Femenil de Santa Martha. Esta mujer presuntamente les ofrecía trabajo bien pagado en México.
Con la intención de ayudar a las mujeres rescatadas a reintegrarse socialmente, el domingo 17 de enero, Rosi Orozco acudió las instalaciones de la Procuraduría donde se rendían las declaraciones sobre el caso.
La primera mujer que pasó a declarar firmó su versión, en compañía de su abogado victimal y el traductor; sin embargo después de que llegó un segundo traductor y el cónsul de Corea del Sur, las mujeres comenzaron a recibir mensajes en sus teléfonos. Posteriormente, cambiaron sus declaraciones y cayeron en contradicciones.
“Ellas de repente empezaron a querer cambiar la declaración de lo que estaban a punto de firmar cuando ya se había ido la primera chica y me pareció muy raro. Eso me tocó a mí verlo, por eso me quedé muy preocupada por las víctimas”, comentó la activista.
Uno de los limitantes en la toma de declaraciones fue la barrera cultural del lenguaje, lo cual dificultó aún más las versiones del hecho. Orozco detalló que las jóvenes no se ponían de acuerdo sobre si trabajaban o no en el lugar que fue cateado.
“Estuvo muy extraño, como de repente cuando ellas querían decir que no trabajaban ahí, empezaron a decir varias versiones, ni siquiera se ponían de acuerdo, pasaron una tras otra y las cuatro que ya iban a firmar de repente dijeron que no”, mencionó.
Las cinco ciudadanas de Corea del Sur, que presuntamente fueron rescatadas de la casa de citas, reviraron la versión de la procuraduría y además de afirmar que no trabajaban en el karaoke, acusaron a las autoridades capitalinas de haberlas sometido a violencia física, psicológica y emocional, para falsear sus declaraciones.
Al respecto, la presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata aseveró que mientras ella estuvo en las instalaciones de la Procuraduría capitalina, el Ministerio Público trató a las mujeres con mucha paciencia. Además, las mujeres ya habían firmado su declaración enfrente del cónsul.
“El MP con mucha paciencia y varias veces les repetía con bolitas y palitos ‘mira, si tú cambias la versión y dices que no trabajabas ahí, pues bueno, ahí están más declaraciones de dos personas que dicen que sí trabajabas’. Sí estuvo muy extraño”, detalló.
Denuncian surcoreanas que fabricaron víctimas
Las cinco mujeres de Corea del Sur que presuntamente son víctimas de una red de trata de personas que opera en la Ciudad de México acusaron a la Procuraduría General de Justicia capitalina de fabricar delitos, obligarlas a firmar una declaración que no hicieron y de violar sus derechos.
Una de ellas asegura que un agente de la Policía de Investigación le hizo tocamientos en senos y caderas, otra denuncia que un agente le tomó fotos en ropa interior cuando se cambiaba de ropa, a otra un policía le pegó en la espalda con su fusil para que se apresurara a caminar, a dos les robaron objetos de valor y fueron llevadas con un médico legista varón para que hiciera el dictamen de lesiones.
También denunciaron que en las primeras 11 horas no les dieron alimentos ni bebidas, estuvieron separadas, les negaron el derecho a hacer una llamada, tener un traductor y contactar a su Embajada; todas coinciden en que fueron amenazadas en la Fiscalía de Atención del Delito de Trata de Personas, donde las obligaron a firmar documentos sin conocer su contenido para dejarlas ir porque de no hacerlo su situación cambiaría de víctimas a inculpadas.
Las extranjeras contaron su historia a 24 HORAS, en voz de un traductor y un comerciante de la comunidad coreana que vive en México, de lo que pasó cerca de la medianoche del sábado 16 de enero y las siguientes horas, porque la versión que dio la PGJDF de que trabajaban en karaoke donde había sexo servicio llegó hasta Corea del Sur y a Brasil, donde tienen familia, y les preocupa la deshonra, el estigma por la imagen que se creó de ellas y los problemas que pudieran tener para trabajar en sus lugares de origen.
Destacado
La dejaron 11 horas sentada en una silla sin darle agua, sin permitirle ir al baño, sin alimentos y sin comunicación. No le permitieron usar el teléfono, ella decía en inglés “lawyer”, abogado, también solicitó intérprete y contacto con la Embajada, pero todos le fueron rechazados, relató una de las víctimas.