Legisladores y especialistas advirtieron ayer en el marco de las Audiencias Públicas para las Alternativas de la Regulación de la Marihuana, que realiza el Congreso de la Unión, que las mujeres son las principales víctimas de un marco jurídico que criminaliza la posesión y consumo de la marihuana en nuestro país.
El senador Héctor David Flores Ávalos opinó que el Estado mexicano no ha enfrentado este problema de manera eficiente: basta revisar el Presupuesto de Egresos para darse cuenta de la enorme cantidad de recursos que se destinan a la parte de reclusorios, señaló.
En tanto, Ana Pecova, de la organización Equis: Justicia para las Mujeres, advirtió que en la última década el número de encarceladas por delitos contra la salud o relacionados con las drogas ha aumentado de manera alarmante en más de 100%, comparada con una tasa de crecimiento de 40% en el caso de los varones.
Destacó que casi siempre ellas ocupan los eslabones más bajos de la cadena delictiva: se involucran como cultivadoras, recolectoras, vendedoras o introductoras de estupefacientes en centros penitenciarios: “Representan una mano de obra fácilmente reemplazable en las redes criminales y su encarcelamiento no afecta de manera significativa la dinámica del narcotráfico”.
Por su parte, Tania Ramírez, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó que las mujeres son procesadas por posesión, que contempla una sanción de entre 10 meses a tres años de cárcel, pero al final son sentenciadas por el transporte de drogas, que tiene una pena de 15 a 25 años de prisión.
En su participación, la representante de México Unido contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, dijo que en nuestro país se requiere una regulación con controles efectivos; señaló que la política antidrogas debe ser abordada integralmente en su uso medicinal y recreativo, como en los casos de España, Bélgica y Holanda, que al permitir su autoconsumo en clubes sociales, se ha permitido sacar de la ilegalidad esta sustancia, dando relativamente buenos resultados.
En tanto, el asesor de la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Canepa, considero necesario que las políticas públicas al respecto, tengan base en la evidencia científica de la situación real, tanto social, como política, derivada del problema de las adicciones y su tratamiento como un problema de salud pública; además de hacer una evaluación permanente sobre el cumplimiento o no, de los objetivos para la disminución del consumo abusivo.