Personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra quien resulte responsable, debido a que Iván Mariano Martín del Campo Riebeling, quien se ostenta como abogado de las mujeres coreanas que fueron rescatadas de un karaoke de Zona Rosa, se identifica con un cargo falso relacionado con la Cámara Alta.
Ayer, 24 HORAS dio a conocer que tras el desmantelamiento de una supuesta red de trata en un karaoke coreano, las víctimas rescatadas cambiaron su declaración después de recibir una serie de mensajes telefónicos, al grado de afirmar que fueron violentados sus derechos humanos.
Iván Mariano Martín del Campo Riebeling es el supuesto abogado de las mujeres coreanas y quien encabeza la Organización Diplomática Internacional, de la que no se tiene registro oficial. El sujeto se ostenta como Coordinador Nacional de Derechos Humanos en el Senado, lo cual fue desmentido.
Por tal razón, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, senador Roberto Gil Zuarth, dio instrucciones para la interponer la denuncia penal ante las autoridades correspondientes.
El 25 de enero pasado, el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia local solicitó información por escrito sobre si Iván Mariano Martín del Campo, ha desempeñado o desempeña algún cargo o si pertenece a un área denominada “Coordinación Nacional de Derechos Humanos”.
El presidente del Senado rechazó categóricamente cualquier vínculo de la institución con quien se ostenta con este falso título y advirtió que tal cargo no existe en el órgano legislativo.
La denuncia presentada por la Cámara de Senadores establece que Iván Mariano Martín del Campo, también identificado como Iván Mariano Martín del Campo Riebeling, “encuadra perfectamente su conducta delictiva en lo dispuesto por el artículo 250 fracciones I y IV del Código Penal Federal, toda vez que, sin ser funcionario público, se atribuyó ese carácter, además de usar símbolos e insignias que lo acreditan como servidor público sin tener derecho a ello”.
