La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que luego de inspeccionar la zona del manglar Tajamar concluyó que las únicas faltas ambientales que encontró fueron: el incumplimiento parcial del programa de rescate de vida silvestre por parte del Fonatur y el desmonte de nueve hectáreas por parte de la empresa Bi&Di Real Estate de México.
En conferencia de prensa, el procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, aseguró que durante la inspección que realizó personal de la procuraduría el 26 de enero pasado encontraron cinco cocodrilos y 22 de aves que aún estaban en Tajamar, lo cual demuestra que Fonatur incumplió con su responsabilidad de reubicar a esta fauna, tal y como lo marcan los permisos otorgados desde 2005 y que fueron renovados en 2009.
“Del recorrió que hicimos se con muy que el programa de flora y fauna no concluyó y que habrá que tomar, como las tomaremos, para rescatar del polígono antes cocodrilos y a dos crías que son lo único que permanece por rescatar con vida de este polígono” aseguró el procurador.
Añadió que según la información en su poder, desde 2005 se han reubicado 42 especies del manglar, pero estas fueron a parar a humedales cercanos por lo que es posible que en este tiempo regresarán a su territorio original.
Sin indicios de ecocidio o devastación
Haro Bélchez añadió que fuera de ese punto Fonatur cumplió con todos las condicionantes del permiso para realizar el proyecto habitacional en el manglar Tajamar, incluyendo la tala de las 22 hectáreas de vegetación que hizo la semana pasada, por lo cual negó que hubiera afectación ambiental por parte del organismo gubernamental.
Quien sí cometió un delito ambiental fue la empresa Bi&Di Real Estate de México, la cual desde julio del año pasado taló sin permiso el manglar en nueve hectáreas en un predio de su propiedad. Por este motivo la Profepa ya levantó una denuncia penal contra.
El titular de la Procuraduría aseguró que fuera de esas dos faltas, el proyecto cumple con todos las condicionantes de sus permisos, los cuales fueron dados en tiempo y forma por las autoridades competentes y con la información pertinente.
Haro Bélchz negó que la deforestación en Tajamar fuera un ecocidio, ya que por un lado este polígono representa menos de 1% del manglar de Quintana Roo y además no está en la zona protegida del Sistema Lagunar Nichupté, ni era hogar de alguna especie en peligro de extinción.
El funcionario añadió que los permisos para el desarrollo habitacional expiran el próximo 7 de febrero, por lo que es imposible que lo terminen. Por eso, lo que sigue es que las constructoras y Fonatur deben de solicitar nuevos permisos pero ya con la legislación actual, mismo que queda en manos e la Secretaria de Medio Ambiente aprobarlo o no.