Las bases de la licitación para el despliegue de la red compartida, que brindará servicios de telecomunicaciones de cobertura nacional acota la atención a zonas rurales que se había planteado previamente.

El proyecto de red compartida, establecido en la reforma de Telecomunicaciones de 2013, señala que a través de esta red se dará cobertura de servicios como Internet y banda ancha móvil, entre otros, a por lo menos 85% de la población incluyendo poblaciones alejadas y zonas rurales que habían sido excluidas por los operadores.

Sin embargo, de acuerdo con las bases de la licitación publicadas el viernes, la cobertura de localidades menores a 10 mil habitantes por parte de los operadores interesados en la adjudicación se redujo de 0.29% (planteado en las bases) a 0.15% por cada punto porcentual que se avance en el despliegue de zonas urbanas, advierte un análisis de la consultora Telconomía.

Lo anterior significa que durante el despliegue de la red compartida el desarrollador que gane la licitación deberá garantizar que los servicios como el de banda ancha móvil estén disponibles para 180 mil habitantes de zonas rurales por cada 1.2 millones de personas en las ciudades y áreas urbanas que accedan a estos servicios a través del proyecto.

“Por la estructura mencionada en las bases, parece que el ganador bien podría dar la posibilidad de dar servicio en estas zonas hacia los años finales del despliegue, que es cuando se debe alcanzar la cobertura ofertada”, comentó Jesús Romo de la Cruz, analista de Telconomía.

Según las bases publicadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la red compartida deberá iniciar operaciones en marzo de 2018 con una cobertura de 30% de la población, y alcanzar a 85% de los habitantes del país hacia 2023.

De acuerdo con el Diagnóstico del Sector TIC en México, elaborado por el IMCO, 20% de la población rural de bajos ingresos ni siquiera tiene cobertura de servicios de internet porque simplemente no es un mercado atractivo para las empresas y el gobierno no ha tenido una política de servicio universal que haya promovido la instalación de redes.

“Con base solamente en lo que dicen las bases, es posible que la cobertura del total de la población rural se relegue hacia el final del despliegue de la red, pero eso depende en última instancia de quien gane el proyecto. La cobertura que ofrezca puede contener un mayor número de estas localidades menores”, añadió Romo.

Cifras

  • 7 años es el lapso de tiempo para que el desarrollador cumpla con la cobertura ofertada, mayor a 85% de la población

 

  • 1% de los ingresos generados por la red compartida será la utilidad para el gobierno

  • 20 años es la vigencia del contrato para el desarrollador que gane la licitación, prorrogable hasta por 20 años más