Del total de delitos consumados en México, sólo hay un 4.46% de sentencias condenatorias, lo cual se traduce a una impunidad cercana al 95% de los ilícitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados, de acuerdo con el primer Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX), presentado este miércoles.
El rezago de impartidores de justicia resulta otro problema preocupante toda vez que el promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, es apenas de 3.5 por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional entre los países estudiados por el Índice Global de Impunidad, presentado en 2015, es de 17.
A nivel nacional, 25 entidades registraron un alto y muy alto índice de impunidad, lo cual revela una problemática extendida y generalizada del funcionamiento en los sistemas penitenciarios, de seguridad y justicia en cada uno de los estados, de acuerdo con el primer IGI-MEX.
En conferencia de prensa, Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP) presentó el que resulta el primer modelo estadístico que mide los niveles de impunidad como un proceso para los 32 estados de la República, con base en 18 variables y 35 indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario.
Acompañado por el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, Andrea Ambrogi Domínguez, así como de los académicos e investigadores de la UDLAP, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara y Antonio Le Clercq Ortega, el rector informó que en grupo de impunidad baja sólo se ubicaron Campeche y Nayarit; en el caso de impunidad promedio se encuentran: San Luis Potosí, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, y Chiapas.
En el caso de los estados con un alto índice de impunidad se ubicaron: Guanajuato, Zacatecas, Colima, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Puebla, Sinaloa y Morelos; mientras que el grupo clasificado como de muy alta impunidad lo conformaron: Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja California, México y Quintana Roo.
Mientras que en el caso de Michoacán fue considerado un caso atípico debido a que existe evidencia de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su reporte especial sobre Autodefensas de 2015, que este estado no reportó para 2013, año base de estudio, la estadística de delitos graves.
De acuerdo con los ponentes, el índice detectó que existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para atender el problema creciente de impunidad. “La impunidad es una enfermedad latente de las instituciones mexicanas, la impunidad te conduce a la violencia, te conduce a la corrupción”, aseveró Derbez Bautista.
En abril del año pasado, al UDLAP presentó el Ínforme Global de Impunidad (IGI) que ubicó a México entre los únicos 12 países capaces de medir a detalle su nivel.