Policías, Ministerios Públicos y peritos de distintas partes del país, comenzaron la recolección de firmas para modificar el artículo 123 Constitucional, apartado B Fracción 13, con el objetivo de obtener certeza jurídica sobre la permanencia en sus puestos, ya que a partir de la aplicación de controles de confianza, muchos de ellos han sido destituidos de sus cargos, sin la posibilidad de volver a laborar en las corporaciones.

 

Además, cuando los servidores públicos piden la revisión de sus exámenes, por la desconfianza de los resultados, se les dice que son confidenciales, negándoles la oportunidad de defenderse.

 

Por ello, los trabajadores a través del Movimiento Nacional por la Seguridad y Procuración de Justicia, comenzaron la recolección de un millón de firmas para solicitar ante la Cámara de Diputados se modifique el artículo, para darles certidumbre en sus empleos.

 

A partir de la Reforma de 2008, con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en varios estados comenzaron a aplicarse controles de confianza a través de pruebas como el polígrafo, exámenes médicos, psicológicos, de entorno social y toxicológicos.

 

En caso de salir reprobatorios en los controles de confianza, la sanción de la que se hacen acreedores los funcionarios está inscrita en el artículo 123 Constitucional, el cual señala que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

 

El artículo dice textual: “si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio”.

 

Este último precepto es el que ha despertado ámpula entre policías y peritos. Es el caso de Ramón Bernal García, dirigente del movimiento, quien explicó que con la entrada de los exámenes de control de confianza han separado a muchas personas de sus cargos. Cuando estos servidores públicos presentan un litigio para defenderse y lo ganan al comprobarse que no incurrieron en ninguna falta, se les niega la reincorporación al servicio.

 

El ex policía de investigación mencionó que los controles de confianza no han depurado las corporaciones de elementos corruptos y, en cambio, han servido para retirar del servicio a otros elementos sin justificación. En los tribunales, los policías o peritos destituidos pelean legalmente su liquidación, no así su restitución.

 

Denunció que servidores del ramo que han levantado la voz respecto a la falta de certeza laboral, son casualmente los que reprueban los exámenes.

 

Jorge Peredo, ex perito de la Procuraduría General de Justicia del DF, señaló que en 2012 se sometió a controles de confianza a todo el personal de la PGJDF y dos años después se dieron los resultados.

 

“Nos dieron a conocer de los elementos reprobados y entre ellos me nombraron a mí. Cuando me hacen mi acta administrativa pedí que me dijeran en qué reprobé para defenderme y no me lo dijeron. El caso queda en la injusticia porque no da derecho de ver si eres inocente o no, aún si le llegas a ganar un juicio a las instituciones no pueden reinstalarte”.

 

Peredo señaló que no tuvo derecho a indemnización conforme marca la ley, por los 20 años de servicio en la PGJDF.

 

Desde el 14 de diciembre, el Movimiento Nacional por la Seguridad y Procuración de Justicia realiza una campaña de información para comenzar la recolección de las firmas a partir del 15 de enero, para lo cual se imprimirán 100 mil boletas. El 10 de enero se integrarán delegados de distintas entidades a la petición.