Luego de que fuera amenazado por medio de un mensaje colocado en las puertas del Ayuntamiento, en donde se expresaba que sería el próximo secuestrado, Ambrosio Soto, presidente municipal de Pungarabato afirmó que se mantendrá en el cargo a pesar de que “no se puede gobernar así. No se puede trabajar así. Para mí es muy complicado, fue complicado tomar decisiones.”

 

En entrevista para Radio Fórmula, Soto Duarte, aseguró que al llegar a la alcaldía descubrió que quien pretendía organizar un evento especial o espectáculo debía pedir permiso a la delincuencia, no a la autoridad; por lo que denunció que hay calles sin alumbrado público porque no lo permitían los delincuentes; era “una ciudad donde de la cinco de la tarde en adelante no se permitía que operara tránsito municipal”.

 

Señaló que encontró un ayuntamiento con policías “que eran halcones, al servicio de la delincuencia organizada.”

 

También le advertían que por esas decisiones “había firmado mi sentencia de muerte”. Ante lo cual, Ambrosio Soto responde: “No es una decisión fácil cuando tienes la presión de tu familia, se dedica a la empresa, pierden la privacidad como ser humano (pero) la decisión está tomada. Nosotros decidimos ser presidente municipal.”

 

Anunció que recurrió ante el gobierno de Guerrero, encabezado por Héctor Astudillo, “hemos encontrado buena respuesta.”

 

Reveló que han sido secuestrados tres integrantes de su familia, “dos hermanas y mi papá”, por lo que sabían la situación de inseguridad en la zona. “Pero no pensamos que hubiese autoridad de un nivel municipal que colaborara tan abiertamente, a merced de los grupos. Eso no cabe.”

 

Actualmente, la alcaldía cuenta con 34 policías en activo, de los 85 con que contaba. Todos fueron aprobados y se les hará un nuevo examen en los próximos meses.

 

Al ser cuestionado cómo enfrentar una situación como la que atraviesa Pungarabato, ubicado en la región de Tierra Caliente, Soto respondió: “Acudimos al gobierno federal, con el maestro Renato Sales (comisionado Nacional de Seguridad) y afortunadamente encontramos respuesta.” Lo mismo que con autoridades estatales.

 

Ahora, se instalaron más de mil 400 lámparas en las calles donde no estaba permitido, “hemos despedido, de acuerdo a la ley, a los policías que no aprobaron, con amenazas y con lo que sea. Hemos dado de baja a gente que se le pagaba y eran aviadores, que no tenían ningún puesto, porque el jefe de la plaza decía se le pagaban sueldos de cinco mil pesos”.

 

Sin embargo, admitió que “no todo se puede resolver a balazos, sabemos que hay cosas de inseguridad que tienen fondo social. En lo que nos toca no hay que dejar que los niños dejen la escuela”.