La piratería es un negocio millonario que no sólo afecta a la economía nacional, sino perjudica gravemente el desarrollo científico y tecnológico del país, aseguró el diputado federal José Bernardo Quezada Salas.
El legislador de Partido Nueva Alianza (Panal) adelantó que presentará una iniciativa para reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de que se incluyan en la normatividad los delitos en materia de falsificación de marcas protegidas, previstos en la Ley de la Propiedad Industrial.
Con esta propuesta, indicó, se busca que los presuntos infractores por delitos en materia de propiedad industrial sean investigados, procesados, y en su caso, sancionados, no sólo conforme a lo previsto en la ley en la materia, sino también conforme a lo dispuesto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En entrevista, el también presidente de la comisión de Ciencia y Tecnología e la Cámara de Diputados, afirmó que “en Nueva Alianza estamos comprometidos con el fortalecimiento de la legalidad y combate a la delincuencia organizada, por lo que con la presente iniciativa pretendemos investigar, perseguir y en su caso, sancionar de manera efectiva a aquellos que incurran en la comisión del delito de piratería en todas sus modalidades”.
Explicó que de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial, falsificar en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas; producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas la Ley, son actividades consideradas como delitos.
Anteriormente, detalló, estos delitos eran considerados como graves en el Código Federal de Procedimientos Penales. Sin embargo, con la expedición del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y la reforma integral al Sistema penal, los delitos de falsificación previstos en la Ley de Propiedad Industrial no se contemplan.
“Lo anterior significa que en la investigación, persecución y sanción de dichas actividades delictivas, no es posible decretar las medidas de arraigo y prisión preventiva de los presuntos indiciados, aun cuando estas conductas son de gran impacto para la economía nacional y por lo general, con cometidos por organizaciones bien estructuradas”, subrayó.