Bajo un panorama en el que el 41% de los mandos, y 34% de los policías estatales de Veracruz fueron reprobados en los exámenes de Control de Confianza y siguen en funciones, la asociación civil de Causa en Común instó a que la falta de depuración policial resulta un factor determinante en casos como el de los jóvenes secuestrados en Tierra Blanca y los constantes ataques contra periodistas en la entidad.
A través de un comunicado, el ONG presidida por María Elena Morera Mitre acusó que con la confirmación del asesinato de al menos dos de los cincos jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca así como la falta de voluntad para depurar las instituciones de seguridad y procuración de justicia aunado los recurrentes ataques contra periodistas, que en la actual administración han cobrado la vida de 17 comunicadores, las autoridades estatales resultan los responsables moralmente de esa situación.
De acuerdo con organismo, hasta diciembre del año pasado, en Veracruz seguían en activo 41% de los mandos policiales y 34% de los operativos de la secretaría de Seguridad Pública a cargo de Arturo Bermúdez Zurita pese a haber reprobado los controles de permanencia. De igual forma, señaló que lo referente al personal de los centros de readaptación social un 48% de los mandos y un 47% de los elementos operativos estaban también reprobados y en funciones.
“Consideramos que la desaparición forzada de ciudadanos a manos de autoridades policiales estatales, la escasa protección a periodistas así como la indiferencia de la Fiscalía General del Estado a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras para investigar los delitos deben tener consecuencias en Veracruz y en todos los estados donde la omisión y la revictimización son una constante”.
En ese sentido, Causa en Común así como más de 30 organizaciones civiles y activistas suscribieron el llamado con carácter de “urgente”, en el que asociaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano, México Unido Contra la Delincuencia, el Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos), y Mexicanos Primero, exigieron una depuración completa de las dependencias de seguridad y procuración de justicia veracruzanas, comenzando por sus titulares debido a que consideraron que han dejado de ser un referente confiable para la sociedad.
“Es lamentable que el gobernador Javier Duarte haya incumplido su compromiso de apoyar a los operativos conjuntos de la Marina y que ponga en riesgo los esfuerzos institucionales y humanos realizados por ciudadanos que de buena fe se sumaron a la nueva fuerza policial para garantizar la seguridad en el Estado”, acusó la organización.
De la misma forma, exhortó a las autoridades para que las investigaciones relativas a las desapariciones forzadas, sean justas y creíbles, para lo cual instó a que la CNDH realice un censo de víctimas en el estado para determinar la cantidad de personas desaparecidas y establecer en conjunto con la Secretaría de Gobernación respuestas institucionales a la sociedad y las familias mexicanas.
“En cuanto a las policías (municipales), si todas se integraran en un solo mando primero debe haber una depuración, y estamos viendo que hay casos como Veracruz que tiene al 34% de sus policías no aprobados trabajando, y entonces cómo le vamos a creer a un gobernador que va poder tener una fuerza más grande para la policía municipal y que lo va a hacer bien”, acusó María Elena Morera en entrevista con este diario, publicada el 22 de enero pasado.